Triángulo Rojo
Ciudades
La región identificada como zona de extracción ilegal de combustible en donde creció la práctica de la ordeña y robo de gasolina, diésel y, ahora, también gas L.P., sigue en “tendencia”.
Los hechos ocurridos en los municipios de Tlachichuca, Ciudad Serdán y San Nicolás Buenos Aires, quizá se ubican en los límites de ese perímetro que en todo México se conoce como el “Triángulo Rojo”.
El fenómeno del “huachicol” —odio llamarle así, porque es clara la comisión de un delito y con este término esa práctica criminal parece romantizarse— no sólo dejó saldo de miles de ordeñas, enfrentamientos y víctimas fatales.
Propició en buena medida el involucramiento de las autoridades municipales en actividades presuntamente cuestionables o francamente delictivas.
El caso de los hermanos Giovanni y Uruviel, más allá de que su detención obedezca a actos presuntamente de violencia y no de enriquecimiento o desvío de recursos públicos, habla de cómo la criminalidad carcomió el tejido social y la administración pública.
Uno de los casos más emblemáticos de la región es el de Alejandro Martínez Fuentes, quien ocupó la presidencia municipal de Quecholac, aprehendido durante el gobierno de Miguel Barbosa.
Otro más correspondió a la aprehensión del edil de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, entonces señalado de presuntamente participar en robo de combustible; antes que él, ya había detenido a Isaías Velázquez Reyes, de Atzitzintla.
El perímetro del “Triángulo Rojo” no sólo detonó una práctica ilegal que dejó ganancias multimillonarias a las bandas.
No hay que perder de vista que entre 2011 y 2017 se observaron caravanas completas de camiones cisterna que se abastecían de “huachicol” en ordeñas permanentes —si puede llamarse así—, para mantener activo el mercado.
También la gente de a pie se involucró. No toda, pero si mayorías.
Uno de los ejemplos más claros es el de la comunidad de Palmarito Tochapan donde familias enteras participaban de actividades desde “halconeo” hasta la propia extracción de combustible, o la venta.
En el caso de los alcaldes los señalamientos presuponen relaciones inconfesables.
Sin embargo, muchos casos se cayeron por la mala integración de las carpetas de investigación.
No obstante, como los ya mencionados, el extenso catálogo criminal en toda la región y áreas limítrofes manchó a presidentes municipales.
Esto pasa ahora con los hermanos que dominaba la zona más alejada del Triángulo: Tlachichuca y Ciudad Serdán.
La acusación que pesa en su contra es más grave aún porque aquí no será suficiente reintegrar recursos a las arcas municipales, sino que se habla de nexos directos con hechos de violencia.
Pero mucho de lo existente ahí terminó podrido o en proceso de descomposición.
En menor nivel en comparación al lapso de 2011 y 2017, pero persiste un manto de ilegalidad en esa parte del estado.
Y esa ilegalidad, indiscutiblemente, ha permeado en prácticamente todos los ámbitos.
¿Hay posibilidades de recomponer social y políticamente esa región? Sí, requiere decisión y voluntad de los tres niveles de gobierno, pero en serio, no simulaciones.
CAJA NEGRA
Los partidos políticos poseen una responsabilidad compartida en la postulación de sus candidaturas.
Si hoy lo niegan o se deslindan es para no perder votos, porque hay una obligación legal y moral de conocer a fondo a quien lleva emblema y siglas a las elecciones.
De ahí que las palabras de la dirigente de Movimiento Ciudadano en Puebla, Fedrha Suriano Corrales, son insostenibles, toda vez que sólo justifican sus decisiones de selección de candidatos, pero no asumen la responsabilidad por no saber el tipo de perfiles que acogieron políticamente.
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HG/CR
