Un Tiburón en la Casa (y la Trama del Hijo de Bartlett)

¿En qué consiste?

Busque una silla el hipócrita lector.

Se basa en el costo del modo de vida que tienen los servidores públicos.

No todos.

Me refiero a algunos tiburones que cruzaron estos mares poblanos.

(Metafóricamente hablando por supuesto).

¿De qué hablamos?

De los Autos, las casas, los viajes, los relojes, los yates, los aviones, los helicópteros, las comidas, las cenas, los muebles, las obras de arte y otras lindezas más.

Dicha propuesta creaba presunciones —algunas ya incluidas en la Ley General de Responsabilidades— para llegar a la conclusión de cuáles son los bienes —sin ser su dueño aparente— que asume como propios.

Además, planteaba analizar el modo de vida de la familia del servidor público investigado para concluir si con su salario era posible que sus hijos fueran a las escuelas más caras, viajaran 2 veces al año al extranjero y portaran relojes y joyas de gran valor.

Una perla más: esa auditoría hubiera investigado también a algunos choferes, pues suele ocurrir que las ostentosas camionetas que manejan —con un costo, ufff, de 2 millones de pesos— ¡aparecen a su nombres!

Hay que decir que la reforma de 2015, y sus leyes secundarias, ya sentaron las bases de este tipo de auditorías.

Suena descabellado, pero así es.

Esto a nivel federal.

¿Por qué no hemos tenido noticias de ellas?

Porque en la práctica no se han realizado.

Digamos que ya no es un tema de legislación sino de aplicación de la norma.

Y en México, ya lo sabemos, la norma no se aplica.

El único antecedente de peso qué hay en este tema tiene que ver con una magistrada sospechosa de corrupción.

Para demostrarlo, los abogados —contratados por una poderosa empresa— aplicaron ese método en una denuncia y la destituyeron.

¿Qué quedó en claro en esta trama?

Que la magistrada, ay, había sido corrompida por la otra parte.

¿Qué propiedades le hallaron a la magistrada?

Todas las que el hipócrita lector pueda imaginar.

(La queja, radicada ante el Órgano Interno de control del Tribunal Superior Agrario, es la 43/2018).

Hay que decir que en este terreno no hay en la entidad poblana una Ley de Procedimiento Administrativo ni de Responsabilidad Patrimonial.

Todo esto que aquí le cuento tiene que ver con los ecos de la larga entrevista que hace unos días me dio Francisco Romero Serrano, auditor superior del estado.

Y a esto me remitió también la delirante propuesta —fallida— de Alfonso Ramírez Cuéllar, sedicente líder nacional de Morena, quien pretendió darle al INEGI la capacidad constitucional de revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de los mexicanos.

Ya sabemos en qué terminó su genial idea: en las gradas.

Y es que la bateó —con gran swing— el presidente López Obrador.

La Trama Bartlett. Todo indica que León Manuel Bartlett Álvarez ganará su litigio, una vez que trascendió que la Secretaría de la Función Pública inhabilitó y multó a la empresa Cyber Robotics Solutions S.A. de C.V.

La esposa de John Ackerman consideró que la empresa había mentido en la licitación, pues se comprometió a entregar al IMSS de Hidalgo los equipos de ventilación —para enfrentar el covid-19— en 3 días.

El problema es que le contaron los días inhábiles y le cambiaron, además, el lugar de entrega

Los equipos, por cierto, no tuvieron sobreprecio ni patentes defectos, pues en los hechos son nuevos, tienen garantía y certificaciones.

La trama será de antología, pero Bartlett Álvarez tiene todo para ganar.