El fracaso del sistema educativo nacional ya no es una simple percepción para los padres de familia y profesores por igual, a partir de los resultados obtenidos por México en la prueba PISA 2025 podemos afirmar que es una dolorosa realidad, ¿o de qué otro modo podríamos explicar el hecho de haber conseguido la posición 62 de 90 evaluaciones, alcanzando el lugar 37 de 38 países de la OCDE?
Hace unos días, en mi columna titulada “Damnificados del Bienestar”, profundizábamos sobre las razones estructurales de la catástrofe:
«Quizá en las boletas escolares de los estudiantes de México existan columnas plagadas con ochos, nueves y hasta dieces, pero la realidad del informe de PISA es mucho menos halagadora: en ciencia, matemáticas, comprensión lectora y resolución de problemas computacionales nuestros jóvenes –por decirlo educadamente– se muestran “incapaces” bajo la estructura de lo deseable en estándares internacionales»
«Las razones son cuantiosas y contundentes: ausencia absoluta de un servicio civil de carrera que haga posible que sólo los profesores más capacitados estén frente a grupo; control sindical y discrecional en el acceso a plazas que deberían obtenerse por concurso público abierto; mantenimiento de la infraestructura educativa subrogada por aportaciones –más forzosas que voluntarias– de padres de familia; mecanismos muy deficientes de rendición de cuentas que se prestan a corruptelas de todo tipo; así como el nulo interés por parte del “humanismo mexicano” en impulsar políticas públicas que mejoren estrategias pedagógicas entre el magisterio; y si vamos más lejos hasta podríamos hablar de falta de escuelas de tiempo completo y desayunos calientes en las aulas públicas de México».
Sin embargo, nada de lo anterior está siendo considerando por los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación; ni siquiera el sensato reconocimiento del fracaso pedagógico de la Nueva Escuela Mexicana y su pertinente reestructuración.
En su lugar la presidenta Claudia Sheinbaum se ha empecinado por desterrar los teléfonos inteligentes de los salones de clases y espacios de recreo de las escuelas primarias y secundarias de todo el país, a partir del próximo 4 de noviembre, con el objetivo de que “los niños de México puedan desarrollar todo su potencial”.
Pero, ¿en verdad los celulares son los responsables de la castración de la inteligencia de los estudiantes? ¿Expulsar la tecnología del siglo XXI del salón de clases será la solución idónea frente al rezago educativo nacional? Y más aún, ¿con un presupuesto como el de 2027, tan comprometido por la deuda pública y los apoyos sociales, se invertirá en la actualización de los acervos bibliotecarios de todas las escuelas públicas del país?
¿En verdad Palacio Nacional quiere proteger a los más jóvenes y vulnerables de México, prohibiéndoles el acceso al Wi-Fi de las escuelas, con el único objetivo de limitar su contacto a través de redes sociales? ¿O sólo pretende alejarlos del contagio de la crítica sobre el estado de la Nación que en ellas existe, limitándoles en la práctica su derecho a la formación de un pensamiento crítico a través de la información?
Se trata de simples preguntas que, sumadas en su conjunto, dejan la sensación de que a pesar del fracaso de PISA 2025: la 4T sigue experimentando con el futuro de los más jóvenes de México.