Las mujeres representamos un grupo mayoritario en la sociedad. A pesar de constituir más de la mitad de la población, hemos sido históricamente subordinadas, oprimidas y subyugadas. En México, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, viven aproximadamente 125 millones de personas, de las cuales 63.9 millones son mujeres y 61.1 millones son hombres (INEGI, 2020, pág. 1). Esto significa que el 51.1 por ciento de la población mexicana enfrenta restricciones en el acceso a múltiples esferas de realización social.
Además de la subordinación histórica, las mujeres enfrentamos diversas interseccionalidades, lo que implica que podemos ser víctimas de discriminación adicional basada en clase social, etnia, orientación sexual, entre otras categorías (Miyares, 2020, video). Ejemplos de esto son las mujeres privadas de libertad, las mujeres indígenas y las trabajadoras informales, quienes experimentan múltiples niveles de exclusión.
La violencia de género es un problema estructural y sistémico que exige una intervención urgente y sostenida por parte de las autoridades. La incorporación de un enfoque de seguridad ciudadana con perspectiva de género en los gobiernos entrantes es fundamental para abordar este problema de forma efectiva, ya que las estrategias tradicionales de seguridad tienden a enfocarse en la violencia física o delictiva en general, sin reconocer las dinámicas de poder y desigualdad que afecta principalmente a las mujeres y personas de géneros diversos.
La seguridad ciudadana con perspectiva de género es un enfoque integral que busca incorporar las desigualdades de género y las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres en las políticas y estrategias de seguridad pública. Reconoce que la violencia y la inseguridad afectan de manera distinta según el género y tiene como objetivo evitar que las políticas de seguridad reproduzcan, refuercen o ignoren las desigualdades estructurales que afectan principalmente a las mujeres y otros grupos vulnerables.
Algunas de las estrategias para su aplicación incluyen el reconocimiento de las diversas formas de violencia de género; la participación activa de las mujeres en la elaboración de políticas de seguridad, el diseño urbano y la planificación de espacios públicos; la capacitación con enfoque de género de los cuerpos de seguridad; la recopilación de datos desagregados por género, y una estrategia proactiva de prevención.
Implementar una seguridad ciudadana con perspectiva de género no solo protege a las personas más vulnerables, sino que es un paso hacia la construcción de sociedades más justas, inclusivas y seguras para todas las personas. Es fundamental que las autoridades actúen con decisión y compromiso para erradicar la violencia de género y garantizar que la seguridad sea verdaderamente un derecho universal.
Doctora en Gobierno y política. Docente investigadora, consultora política, conferencista, activista y académica. Especialista en seguridad pública, derechos humanos, prevención de la violencia y políticas públicas. Actualmente realiza una Estancia Posdoctoral Académica en la BUAP otorgada por CONAHCYT.