Por Alejandra Olivera
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla contabiliza 478 expedientes en etapa de investigación en sus 22 Órganos Internos de Control; y en lo que va del 2025, ha aplicado un total de 36 sanciones administrativas, de las cuales dos concluyeron en la destitución de servidores.
Así lo dio a conocer el titular de la dependencia, Alejandro Espidio Reyes, quien destacó que el compromiso de la administración estatal es la rendición de cuentas, por lo que mantiene un registro de las quejas, denuncias y procedimientos administrativos que se tramitan.
En ese sentido, reveló a Diario ContraRéplica Puebla que cuentan con 478 expedientes en etapa de investigación y que de enero a la fecha ha aplicado un total de 36 sanciones administrativas.
De dichas sanciones, la mayoría fueron inhabilitaciones por faltas administrativas no graves, con 17; mientras que, 10 fueron amonestaciones privadas.
También reportó 5 inhabilitaciones de servidores públicos por faltas administrativas graves; una amonestación pública, una suspensión, y dos destituciones.
Enfatizó que, las faltas graves son remitidas al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para su resolución y la imposición de la sanción correspondiente.
Omisiones en procedimientos administrativos, las más reportadas
Alejandro Espidio detalló que los 478 expedientes se encuentran en proceso de integración y análisis conforme a la normatividad aplicable.
Además que, corresponden a presuntas responsabilidades administrativas que requieren un proceso riguroso de verificación, recopilación de evidencias y valoración jurídica antes de determinar si procede o no una sanción.
Con respecto a las conductas más frecuentemente reportadas, dijo que principalmente son omisiones en procedimientos administrativos, incumplimientos en tiempos de respuesta a trámites ciudadanos y posibles actos de corrupción.
Por eso, aseguró que cada caso se analiza conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la normatividad aplicable.
Sostuvo que el sistema de investigación de los Órganos Internos de Control garantizan el debido proceso para todos los servidores públicos, respetando la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, por lo que las denuncias y señalamientos pasan por un proceso exhaustivo de verificación antes de determinar responsabilidades.
“Quién pida moche o milpa, todo el peso de la Ley”: Armenta
Al respecto, el gobernador Alejandro Armenta Mier enfatizó que su administración combate la corrupción en todas las dependencias de la administración estatal y advirtió que cualquier funcionario que “cobre, chantajee, extorsione, pida moche o milpa” será sancionado con todo el peso de la Ley.
Señaló que por todos lados de las dependencias hay enquistada gente que está pensando en beneficiarse por brindar cualquier servicio a la ciudadanía.
Por ello, enfatizó que “no está jugando” y que se aplicará la Ley contra quienes comentan anomalías, incluso dijo que ya han identificado a varios funcionarios de su administración y de anteriores gobiernos, que están siendo investigados.