AFP
Sacudido el año pasado por un escándalo de espionaje, el gobierno español fue acusado en los últimos meses de haber permitido que policías se infiltraran en movimientos de extrema izquierda o ecologistas, recurriendo incluso a las relaciones íntimas para lograrlo.
"¿Dónde está su límite ético?", lanzó Gabriel Rufián, portavoz parlamentario de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), al presidente de gobierno Pedro Sánchez en febrero.
"Esto no solamente ya es una amenaza hacia las libertades políticas, ideológicas, sino también, según parece, sexuales", agregó en el Congreso de los Diputados.
Sánchez, cuyo ejecutivo de izquierdas precisa del apoyo de esta formación independentista en el Parlamento, se limitó en ese momento a destacar la "buena labor" policial, siguiendo la línea que ha mantenido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
"Lo que usted está diciendo respecto a actuaciones ilegales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (...) es una mentira", defendió el ministro la semana pasada, cuando una diputada de ERC solicitó su dimisión.
Preguntados por la AFP, ni el Ministerio del Interior ni la policía realizaron comentarios sobre estas presuntas operaciones destapadas, en su mayoría, por el medio catalán La Directa.
Sus revelaciones, sin embargo, no pasaron desapercibidas en esta dinámica región del noreste español, escenario en 2017 de un intento de secesión que abrió una de las crisis políticas más profundas de las últimas décadas en España.
La tensión política volvió a incrementarse el año pasado cuando el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español reconoció que había espiado durante aquella época con permiso judicial a 18 dirigentes secesionistas con el programa informático Pegasus, desatando un escándalo que acabó costándole el puesto a la directora del CNI.