Muerte de los Moreno Valle apunta a homicidio culposo

Detienen a cuatro por la muerte de cinco personas el pasado 24 de diciembre de 2018, entre ellas, la de la gobernadora Martha Érika y su esposo.

Por Jaime Carrera

Lejos del lugar de los hechos en Santa María Coronango e incluso a cientos de kilómetros en otros estados de la República, cuatro personas fueron detenidas por estar presunta y culposamente involucradas en la muerte de la primera gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle.

Un boletín de prensa reavivó uno de los temas de mayor polémica en la historia reciente de la entidad. A dos años del 24 de diciembre de 2018, día de la caída del helicóptero donde viajaban los funcionarios y tres personas más, las Fiscalías de Puebla y Ciudad de México dieron un giro de 180 grados a las investigaciones.

La resolución del caso se podría resumir en una sola palabra: negligencia y el mayor peso podría recaer sobre María N., principal responsable del funcionamiento de la aeronave Agusta A109S Grand y en 2018 jefa del taller de Rotor Flight Services, donde también laboran otros tres probables implicados: Ricardo N, Antonio N e Israel N.

Desde que el extitular de la SCT federal, Javier Jiménez Espriú aseguró el 21 de octubre de 2019 que los análisis realizados en el extranjero sobre el incidente aéreo descartaban la posibilidad de un atentado, el tema perdió vigencia y durante más de un año pareció mantenerse en la “congeladora” de las autoridades, pero no fue así.

Tras dos años del desplome del helicóptero donde viajaba el matrimonio Moreno Valle Alonso, el asistente del exsenador, así como los piloto y copiloto de la nave, se ejecutaron cuatro órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio a título de culpa, daño en propiedad ajena a título de culpa y falsedad en declaraciones ante una autoridad.

Las detenciones se efectuaron en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Puebla, según reveló la Fiscalía General del Estado, la cual especificó que aún no se determina la situación jurídica de los detenidos, pero que participará en los procesos penales correspondientes.