INE descarta cancelar candidaturas judiciales pese a dudas sobre reputación

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que no anulará las candidaturas al Poder Judicial señaladas por falta de “buena reputación”, ya que no cuenta con atribuciones constitucionales ni legales para hacerlo. La decisión surge tras la solicitud del Congreso de cancelar postulaciones que, según los comités de evaluación, presentan irregularidades académicas y posibles vínculos con investigaciones delictivas.

De forma unánime, el Consejo General del INE rechazó la petición de los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, quienes exigían cancelar 26 candidaturas: ocho por no acreditar el promedio mínimo de licenciatura, y 18 más por presuntamente no cumplir con el requisito de buena reputación debido a procesos legales abiertos a nivel federal.

El INE sí llevará a cabo una revisión posterior a la jornada electoral, pero únicamente aplicará a quienes resulten electos. Esta evaluación incluirá el análisis de pruebas y documentos relacionados con requisitos de elegibilidad que se encuentren vigentes en la legislación electoral.

“Atentos a la apariencia del buen derecho, el Instituto toma hoy una decisión que otorga certeza, sin anticipar juicios definitivos”, expresó Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, al subrayar que una cancelación prematura podría influir negativamente en la decisión de los votantes.

Consejeros del INE coincidieron en que la responsabilidad recae en los comités de evaluación y no en el órgano electoral, por lo que consideraron improcedente la solicitud legislativa. También lamentaron que se intente trasladar al INE funciones que corresponden a otras autoridades del Estado.

La consejera Dania Ravel explicó que acceder a la petición implicaría invadir atribuciones ajenas. Afirmó que la omisión proviene de los comités responsables de verificar que los aspirantes cumplieran con los requisitos constitucionales y legales.

Por su parte, Uuc-Kib Espadas destacó que el INE no tiene base jurídica para intervenir en esta etapa del proceso. Subrayó que la facultad de evaluar a los aspirantes recae en los comités técnicos del Poder Judicial y el Senado, quienes entregaron las listas de candidaturas desde febrero.

“Voy a votar a favor de este acuerdo, pero con preocupación por el nivel de exigencia al que se somete al INE”, añadió Espadas, señalando que las irregularidades debieron atenderse antes y por las instancias correspondientes.

La consejera Carla Humphrey recordó que el proceso se originó con deficiencias desde el registro de candidatos, realizado por autoridades sin la experiencia técnica necesaria. Afirmó que ni la Constitución ni la ley electoral contemplan escenarios para cancelar postulaciones con base en revisiones posteriores.

Indicó que la próxima etapa de revisión será antes de la entrega de constancias de mayoría, momento en el cual el INE evaluará los requisitos de elegibilidad conforme a la norma “8 de 8 contra la violencia” y otras dos causales adicionales: incumplimiento en pensión alimenticia y ser prófugo de la justicia.

Humphrey aclaró que, aunque los acuerdos del INE son impugnables ante el Tribunal Electoral, actualmente no existen condiciones para cancelar candidaturas. No obstante, reiteró que toda documentación relevante será analizada antes de validar los resultados.

Consejeros como Arturo Castillo, Claudia Zavala y la presidenta Taddei coincidieron en la necesidad de actuar con certeza y legalidad. Destacaron que el INE debe mantenerse imparcial, sin beneficiar o perjudicar a candidaturas ni influir en la competencia política.

Imagen: Cuartoscuro