Ejercer el periodismo en México sigue siendo una actividad de alto riesgo.
Las cifras de periodistas asesinados, desaparecidos y agredidos durante los últimos años muestran que las garantías para informar con libertad continúan siendo insuficientes.
La violencia no distingue entre medios nacionales, regionales o proyectos independientes; alcanza por igual a quienes documentan la corrupción, la inseguridad, los abusos de poder o las actividades del crimen organizado.
Veracruz es quizá el símbolo más doloroso de esta realidad con la desaparición forzada de la periodista Roxana Guzmán, cuya familia solicitó de forma directa a la presidenta Claudia Sheinbaum encontrarla con vida a cinco días del lamentable hecho.
La organización Artículo 19 documentó en el 2025:
-7 periodistas asesinados.
-1 periodista desaparecido.
-8 intentos de asesinato.
-53 ataques físicos.
-451 agresiones contra la prensa en total, equivalentes a una cada 19 horas.
La amenaza tampoco proviene de una sola fuente. Por un lado, los grupos criminales buscan imponer silencios, definir qué puede publicarse y qué debe ocultarse.
Por otro, desde el poder político persiste una práctica igualmente preocupante: la descalificación pública de periodistas y medios, la estigmatización desde espacios oficiales y la construcción de narrativas que convierten al mensajero en responsable de los problemas que exhibe.
Cuando un periodista es señalado desde una tribuna de poder, se erosiona su legitimidad ante la sociedad y se incrementa su vulnerabilidad.
Los mecanismos de protección representan un reconocimiento institucional de la gravedad del problema, pero su sola existencia no ha sido suficiente para contener la violencia.
La impunidad sigue siendo el mayor incentivo para quienes amenazan, agreden o asesinan comunicadores.
Mientras los responsables no enfrenten consecuencias, el mensaje es que informar puede costar la libertad, el exilio o la vida.
En una democracia, el periodismo no es el problema. Por el contrario, es una de las pocas herramientas con las que cuenta la sociedad para vigilar al poder, denunciar abusos y exigir rendición de cuentas.
El poder público y los criminales tienen un punto en común: un periodista menos siempre será más cómodo que el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad.