Critican serie de inconsistencias en el programa estatal de derechos humanos 2021-2023

Puebla martes 18 de febrero de 2025 - 16:32

Por Guadalupe Juárez

El programa estatal de derechos humanos 2021-2023 no tiene un diagnóstico certero, en su elaboración no hubo participación ciudadana y además sus líneas de acción no abarcan temas como feminicidios y los menores en orfandad por ello, así como personas desaparecidas, mientras que en trata de personas sólo se menciona por trabajo forzado y no por explotación sexual, indicó Shanik David George, coordinadora del Observatorio con los Ojos Abiertos.

Durante la presentación del Análisis sobre el diseño, implementación y avances del programa estatal de derechos humanos 2021-2023, la académica explicó que en diciembre de 2020, el gobierno federal generó diversos documentos para que las entidades federativas replicaran programas de derechos humanos, apegados a sus planes de desarrollo.

En Puebla el gobierno de Antonio Gali Fayad emitió el primer documento de este tipo durante su administración de 22 meses, el cual dejó de estar vigente en 2018, y fue hasta 2021 cuando se emitió el programa actual.

Lo anterior, ya que el gobierno de Miguel Barbosa se acordó del programa estatal de derechos humanos hasta un año después del inicio de su administración, luego hubo retrasos en su implementación que se materializó dos años después, lo cual se detuvo tras su muerte.

En su elaboración encontraron una serie de inconsistencias, entre ellas la escasa participación ciudadana y una consulta en línea, de la cual no hubo suficiente tiempo para llevarlas a los diversos sectores y que un grupo de servidores públicos respondió, aunque formaban parte del mismo gobierno.

Además, su diseño se estructuró como parte del Plan Estatal de Desarrollo sin una metodología clara sobre derechos humanos, sin tomar en cuenta criterios internacionales y la base que dejó el gobierno federal.

Por lo anterior, David George sugirió que el gobierno estatal debe de incluir a otras instituciones y no sólo al gobierno estatal para la elaboración de dicho plan, como la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial, además de difundir las acciones del sistema estatal de derechos humanos o del subcomité de derechos humanos.

También aplicar una metodología para el diseño de los programas estatales de derechos humanos y la generación de mejores mecanismos de participación ciudadana.

En su oportunidad, Marcia Itzel Checa Gutiérrez, coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas, comentó que el no incluir a grupos vulnerables afecta el tipo de reacción para los gobiernos, ya que desconoce las necesidades de atención a personas víctimas de violencia.

"Cuando algo no se reconoce y se invisibilizan problemas, pues no hay forma de atenderlos, y para el gobierno es muy fácil, estamos en un contexto muy complejo, en donde se está negando la realidad y las problemáticas", dijo.

Foto: IBERO Puebla