Tlachinollan exige a la FGR atraer caso del homicidio de Marco Antonio Suástegui en Guerrero

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), junto con familiares del activista Marco Antonio Suástegui Muñoz, solicitaron formalmente que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación del homicidio, ocurrido hace dos meses en acceso a playa Icacos, Acapulco, Guerrero. La petición responde a la presunta inacción de la Fiscalía estatal, que aún no ha entrevistado a testigos claves ni avanzado sustancialmente en el caso, lo que mantiene el crimen en total impunidad.

El homicidio fue perpetrado a plena luz del día, en una zona turística con alta presencia de civiles, sin que hasta ahora las autoridades estatales hayan recabado testimonios de personas presentes en el lugar. Activistas y la familia de Suástegui han lamentado que no se haya brindado protección al líder comunitario, a pesar de las amenazas previas que enfrentaba por su labor en defensa del río Papagayo y contra intereses económicos vinculados a gravilleros.

Tlachinollan recordó que tanto el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México como relatorías internacionales han condenado el asesinato y exigido justicia. Asimismo, alertaron que la falta de acción por parte de las autoridades locales le resta credibilidad a las medidas de protección otorgadas a la familia.

Las organizaciones denunciaron que existe un riesgo creciente para quienes denuncian actividades delictivas en Guerrero, advirtiendo que la inacción favorece a los responsables y reduce las probabilidades de esclarecer el caso antes de que desaparezcan evidencias. Por ello, insisten en que la FGR debe asumir la investigación de inmediato para garantizar eficacia y evitar la destrucción de pruebas.

Con esta exigencia, se intenta romper la inercia institucional y fortalecer la ruta penal hasta dar con los responsables. Asimismo, se espera que el involucramiento de la fiscalía federal refuerce la capacidad de respuesta a crímenes contra defensores de derechos humanos en la región.