La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció en contra de que los jueces en paro de labores continúen recibiendo su salario, argumentando que, según una resolución de la Corte de 2009, los jueces no son trabajadores subordinados. Según Sheinbaum, el paro actual responde a motivos políticos y no a una crisis laboral.
Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum también quiso tranquilizar a los inversionistas extranjeros sobre las posibles repercusiones de la reforma al Poder Judicial. Aseguró que esta reforma garantizará la protección de sus inversiones, señalando que "el Poder Judicial va a atender a ricos y pobres por igual" y que no habrá corrupción en la resolución de los casos. Subrayó que no hay razón para que los inversionistas emitan comunicados expresando preocupación, como lo han hecho algunos bancos.
Sheinbaum fue enfática al señalar que el pueblo votó por la elección de jueces, ministros y magistrados, y cuestionó a los jueces en paro sobre qué están defendiendo realmente. Criticó que, a pesar de no estar trabajando, estos jueces sigan cobrando su salario, que supera los 150 mil pesos mensuales. Añadió que, a diferencia de otros trabajadores, los jueces no son subordinados de un patrón y que ahora deberán rendir cuentas al "pueblo de México".
En este contexto, Sheinbaum apoyó la solicitud de la diputada Julieta Ramírez para que se suspenda el salario de jueces y magistrados mientras dure el paro, similar a lo que sucede cuando un trabajador asalariado se va a huelga. Indicó que, en su momento, se podría negociar el pago de salarios caídos.
Sheinbaum insistió en que los inversionistas no deben preocuparse por la reforma judicial, asegurando que México seguirá siendo un país soberano con un sistema de justicia fortalecido. Reconoció los problemas de corrupción en el Poder Judicial y destacó que el fortalecimiento de este poder contribuirá a un estado de derecho más sólido.
Ante preguntas de la prensa, Sheinbaum aclaró que la decisión de aplicar descuentos a los trabajadores del Poder Judicial por el paro no depende del gobierno federal o del presidente, ya que es un asunto de otro poder. Reafirmó que se respetarán todos los derechos laborales, pero insistió en que este no es un conflicto laboral, sino una decisión política de los trabajadores y jueces de irse a paro.