Nación
Claudia Bolaños
El Gobierno de México expresó su firme rechazo a la decisión unánime de la Corte Suprema de Estados Unidos que desestimó la demanda presentada en 2021 contra fabricantes de armas estadounidenses, a quienes responsabiliza por facilitar el tráfico ilícito de armas hacia territorio mexicano y contribuir a la violencia generada por el crimen organizado.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló, a través de un comunicado, que la Corte Suprema sostuvo que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) otorga inmunidad a los fabricantes, al no haberse probado que estos "ayudaran e instigaran" directamente el tráfico ilícito de armas. Sin embargo, la SRE destacó que el tribunal no se pronunció sobre el argumento de la "proximidad del daño", es decir, la relación causal entre las acciones de las empresas y la violencia en México.
La decisión revoca un fallo previo de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, que había permitido que la demanda avanzara. Ahora, el caso regresa a la Corte de Distrito para continuar conforme a la resolución del máximo tribunal estadounidense.
La SRE manifestó su desacuerdo con el fallo y reiteró su compromiso de agotar todos los recursos legales y diplomáticos disponibles para frenar el tráfico ilícito de armas. Subrayó que México ha presentado argumentos sólidos que demuestran el daño ocasionado por las prácticas de las empresas fabricantes de armas, las cuales permiten que el flujo de armamento alimente la violencia y fortalezca a los grupos delictivos que atentan contra la paz y seguridad de las familias mexicanas.
Además, la cancillería recordó que esta demanda, presentada en agosto de 2021 ante un juez de distrito en Boston, Massachusetts, es una de las acciones emprendidas por México para visibilizar el impacto del trasiego de armas. Otra demanda, interpuesta en 2022 en Tucson, Arizona, contra cinco tiendas distribuidoras de armas, sigue su curso y se encuentra en la etapa de producción de evidencia.
México también ha llevado el tema al ámbito multilateral, logrando que en 2021 el Consejo de Seguridad de la ONU adoptara la resolución 2616 sobre el tráfico ilícito de armas. Actualmente, se espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita una opinión consultiva al respecto.