Nación
Durante los años 2023 y 2024, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador destinó aproximadamente 22 millones de dólares, equivalentes a más de 387 millones de pesos, para financiar la impresión de libros escolares distribuidos en Cuba, de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). La producción fue encargada por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) a la empresa estatal IEPSA.
Además de los libros, el gobierno mexicano otorgó a Cuba grandes cantidades de gasolina, contrató médicos cubanos y compró medicinas que nunca fueron distribuidas. En total, el respaldo económico a la isla caribeña se aproxima a los 400 millones de dólares. Esta ayuda se justificó con “razones humanitarias”, mientras en territorio nacional aumentó la falta de medicamentos y se duplicó la cifra de personas sin acceso a servicios de salud, según cifras del CONEVAL, organismo eliminado en noviembre de 2024 por motivos de austeridad.
Junto con el CONEVAL, el gobierno desapareció también a la COFECE, entidad encargada de regular la competencia económica. Su presupuesto anual representaba menos de la mitad de lo que se gastó en los libros para Cuba, revelando prioridades que han generado debate en el contexto del manejo de recursos públicos.
El análisis de los libros financiados por México reveló contenidos con mensajes hostiles hacia Estados Unidos. Se acusa, por ejemplo, al expresidente Donald Trump de haber intensificado un bloqueo económico y de haber promovido supuestas acciones biológicas contra la población cubana. Dichos textos forman parte de la educación básica cubana y son distribuidos en todos los niveles.
Omara Ruiz Urquiola, investigadora del Observatorio de Libertad Académica, señaló que estos materiales tienen una alta carga de “control ideológico” y que, al financiar su producción, el gobierno mexicano contribuye a prácticas que vulneran la libertad académica. “El Gobierno mexicano (…) está siendo partícipe de acciones de vulneración de la libertad académica, con la agravante de la extraterritorialidad”, afirmó.
La SEP, a través de la Conaliteg, y la Secretaría de Relaciones Exteriores coordinaron la producción y envío de los ejemplares. La empresa estatal IEPSA fue la encargada de imprimir los casi 15 millones de libros, los cuales fueron enviados por barco desde Veracruz con destino a Editorial Pueblo y Educación, en Cuba.
MCCI accedió a dos contratos entre Conaliteg e IEPSA: uno firmado en agosto de 2023 para imprimir 5.2 millones de libros y otro en julio de 2024 para 9.6 millones. Ambos contratos suman más de 387 millones de pesos. Los libros están dirigidos a estudiantes de todos los niveles del sistema educativo cubano, desde la Primera Infancia hasta el nivel Preuniversitario.
El gobierno cubano solicitó directamente el apoyo mexicano mediante la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). En los contratos se menciona que la petición surgió debido a la escasez de materiales y tecnología en la isla. Como respuesta, México imprimió un total de 268 títulos escolares.
Entre 2023 y 2024, se realizaron al menos diez envíos marítimos desde el puerto de Veracruz a Cuba, sumando un total de 14.9 millones de libros.
El número incluso supera lo establecido en los contratos, que contemplaban un tiraje de 14.8 millones de ejemplares. Los valores aduanales declarados no superaron 1 centavo de dólar por libro en 2023, aunque su producción costó 24 pesos en promedio.
A diferencia de programas como Sembrando Vida o el apoyo a migrantes venezolanos, el financiamiento de los libros cubanos no se había hecho público. La información salió a la luz tras la presentación de una colección editorial del Fondo de Cultura Económica y el anuncio de la donación de millones de ejemplares a países como Cuba y Venezuela.
Aunque MCCI solicitó aclaraciones a la SEP y la SRE sobre el destino y la justificación de estos recursos, ninguna de las dependencias había emitido una respuesta hasta el cierre del reporte. La opacidad se suma a las críticas por el uso de dinero público mexicano en proyectos ideológicos fuera del país.
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