Por Guadalupe Juárez
Luis Miguel Mendoza Reyes de la Unidad Empresarial de Seguridad privada y conexos A.C (Uespac) confirmó que los elementos del Mallet, que agredieron a tres personas, no pertenecen a ninguna institución de seguridad privada, ya que tendrían que tener uniforme y credencial, de lo contrario están fuera de la ley.
En conferencia de prensa, explicó que de las 40 empresas que conforman la Uespac, hay cerca de mil 200 guardias de seguridad privada, de los cuales ninguno ha sido contratado por propietarios y encargados de bares, centros nocturnos y antros, por lo que optan por personal propio y sin capacitación.
"Esas personas que están ahí en esos bares, centros nocturnos y demás negocios no son personal de seguridad privada que pertenezcan a una empresa de las que integran a esta unidad", dijo.
El empresario recalcó que basta con visitar dichos establecimientos y notar que ningún elemento de seguridad que se conoce como cadenero cuenta con los requisitos que tendría que tener el personal de una empresa de seguridad privada.
Centros comerciales, desarrollos inmobiliarios y zonas residenciales son los que sí contratan a empresas reguladas en materia de seguridad, quienes tienen capacitación para respetar los derechos humanos de las personas y no realizar acciones que infrinjan la ley.
Reiteró que el personal que pertenece a una empresa de seguridad regulada y con los permisos correspondientes que marca la ley, tiene que contar con uniforme, credencial a simple vista, de lo contrario incurren en el delito de usurpación de funciones.
Mendoza Reyes atribuyó la renuencia de contratar a elementos de seguridad de empresas privadas al costo alto de capacitación y certificación del personal, el cual asumen los empresarios.
Por lo tanto, hizo un llamado al gobierno estatal y al Congreso del Estado a disminuir los costos de exámenes de confianza para este tipo de personal, ya que cuesta hasta 6 mil 500 pesos por elemento.
A esto se suma que una empresa debe costear una autorización para funcionar de 70 mil pesos, el trámite más caro, sumados a los exámenes de evaluación médica y toxicológicos que aplican a su personal, lo cual no es rentable debido a los altos niveles de rotación.
Señaló que en Puebla operan 252 empresas de seguridad privada con autorización y registro, cantidad similar que calculó trabajan en la ilegalidad.
En otro tema, propuso hasta 200 espacios de empleo para migrantes que sean deportados de Estados Unidos, quienes tendrían ingresos de entre 8 mil a 10 mil pesos más prestaciones de ley.