La ilusión de la "autorregulación"

Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT),

10 de agosto de 2026

La estructura procesal de la norma jurídica es universal y abstracta hasta que existe un caso concreto, sólo entonces aparecen sus particularidades acompañadas de todas sus deficiencias.

Dibujemos una escena cotidiana en el manejo informativo nacional. Un periodista, titular o colaborador de un noticiero de radio -para el caso es lo mismo- olvida, por la falta de costumbre, marcar la diferencia entre información y opinión al leer una nota que, para el caso, tomamos de Proceso fechada el pasado 10 de agosto:

«Médicos denuncian que el recorte de medicamentos en el catálogo del IMSS-Bienestar los obligará a recetar sólo lo que haya en farmacia, no lo que el paciente necesite. La medida, que afecta a 55 millones de mexicanos sin seguridad social, ha sido calificada por especialistas como una violación al derecho constitucional a la salud».

Acto seguido, el comunicador editorializa la información con un estribillo contundente: “Igualito que en Dinamarca”. ¿Cómo podemos encasillar esa última expresión? ¿Se trata de un sesgo informativo, una crítica, o una más de “las mentiras” que transmiten los medios de comunicación? En honor a la verdad estamos ante las tres cosas: una mentira, porque en el sistema de salud de Dinamarca esas cosas no ocurren; un sesgo, debido a que el profesional de la información pudo haber hecho énfasis en que ya se está atendiendo el problema; y finalmente estamos ante una crítica directa a la narrativa del lopezobradorismo transformador.

Claramente nos encontramos ante un debate que sólo se resuelve desde el terreno de las emociones políticas y, sin embargo, nunca faltará un radioescucha que por su obcecada ideología le parezcan más ofensivas las palabras de un periodista que la realidad que sufren miles de derechohabientes en México.

Al minuto siguiente que fue trasmitido el mensaje por las ondas hertzianas aparece ese ideólogo, es decir un radioescucha que con una queja en mano decide acudir al concesionario de radio, es decir ante el defensor de la audiencia que tendrá un término de 20 días hábiles para emitir una respuesta conforme a los lineamientos del Código de Ética, publicados por su propia empresa.

Pero las cosas se complican cuando el quejoso, agraviado por la expresión “igualito que en Dinamarca”, no le parece la respuesta del Defensor. Entonces puede interponer un recurso de inconformidad que le abriría la puerta de la litis a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), conformada por cinco comisionados, todos ellos propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum y electos por la mayoría del oficialismo lopezobradorista, acabando en la práctica con la ilusión de la autorregulación del medio pues, en última instancia, no se estaría sancionando una razón social por “el contenido editorial” que difundió el envalentonado comunicador, sino que “constreñiría a temas procesales” -para citar las palabras exactas de la CIRT- como es el caso de no hacer la tan necesaria distinción para el régimen entre opinión e información.

¿Cuál será el resultado de todo esto para el ejercicio real del periodismo en México? La institucionalización del miedo tras el micrófono que acabará robotizando la información, sustituyendo la crítica y la comunicación efectiva por el temor a las consecuencias de extralimitarse ante un “ministerio de la verdad”, y un ejército de “policías del pensamiento” que intentarán convertir en “campaña negativa” la veracidad informativa, por definición incómoda para el ejercicio del poder público.