Juez ve "causa probable" para declarar en desacato a la administración Trump

Global jueves 17 de abril de 2025 - 08:20

AFP

Un juez dictaminó el miércoles (16) que el gobierno del presidente Donald Trump "ignoró deliberadamente" la decisión del 15 de marzo que prohibió la deportación de inmigrantes con base en una ley de 1798, lo que considera un probable caso de "desacato" judicial.

"El tribunal concluye en última instancia que, con sus acciones ese día, el gobierno ignoró deliberadamente su orden", dijo el juez federal de distrito James Boasberg.

El juez había suspendido las deportaciones basándose únicamente en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, cuando más de 200 personas, en su mayoría venezolanos acusados de ser miembros de la banda criminal Tren de Aragua, estaban siendo deportadas a El Salvador.

Eso es "suficiente para que el tribunal concluya que existe causa probable para declarar al gobierno en desacato", añadió el juez de Washington.

El 8 de abril, la Corte Suprema suspendió la prohibición de expulsar inmigrantes, invocando la ley del siglo XVIII, pero principalmente por razones técnicas: los inmigrantes que presentaron demandas para evitar la deportación estaban en Texas, mientras que el caso ante Boasberg se estaba viendo en Washington.

Aun así, el Tribunal Supremo sostuvo que los inmigrantes deberían poder impugnar su expulsión en los tribunales del estado desde el que están siendo deportados.

- 'De prisa' -

"En lugar de acatar la decisión del Tribunal, el gobierno procedió con la apresurada operación de deportación", dijo Boasberg.

A la mañana siguiente, “varias horas después de la decisión, trasladó a los pasajeros de dos aviones amparados por esa suspensión a una megaprisión salvadoreña”, protestó.

A pesar de una serie de audiencias judiciales, los funcionarios de la administración Trump "no han presentado ninguna justificación convincente para evitar la conclusión obvia, a la luz de la evolución de los hechos: que desobedecieron deliberadamente la orden del tribunal", insistió el juez.

Sin embargo, el juez concedió al Ejecutivo un plazo de una semana, hasta el 23 de abril, para evitar un proceso por "desacato" y cumplir con su fallo del 15 de marzo. En caso contrario, solicita al gobierno que informe la identidad de la persona o personas que optaron por ignorarlo.

La Casa Blanca dijo que apelaría inmediatamente las conclusiones del juez, que fueron criticadas por Trump en la plataforma Truth Social.

"Un juez falló en nuestra contra por 530.000 inmigrantes indocumentados (...) diciendo que no pueden ser vistos como un grupo, sino que cada caso debe ser juzgado individualmente", publicó el presidente. "Eso tomaría aproximadamente 100 años. ¿Qué está pasando con nuestros tribunales? Están completamente FUERA DE CONTROL", criticó.

Entre los deportados el 15 de marzo bajo la ley de 1798, utilizada sólo en tiempos de guerra, se encontraba el inmigrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, a pesar de una sentencia judicial de 2019 que revocó permanentemente la posibilidad de su expulsión a El Salvador.

El gobierno reconoció posteriormente que se trató de un "error administrativo".

Su caso se ha convertido en un símbolo de la lucha entre Trump —quien ha prometido poner fin a lo que llama una “invasión” de “criminales del extranjero”— y los tribunales.

El presidente acusa a los jueces de “usurpar” las prerrogativas del Poder Ejecutivo y obstruir sus planes, que cuentan con el apoyo del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

Este último puso a disposición de Trump una mega prisión para encarcelar a los inmigrantes deportados. A cambio, ya recibió 6 millones de dólares (35,3 millones de reales) de Washington.

Trump dice que no está en sus manos traer de regreso a Ábrego García, y Bukele se alineó con él durante una reunión el lunes en la Casa Blanca, diciendo que él tampoco tiene "el poder" para hacerlo.

- 'Deportado otra vez' -

El presidente republicano firmó una orden ejecutiva que permite el uso de la ley 1798 contra miembros del Tren de Aragua, declarada organización "terrorista" global por Washington.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, volvió a acusar a Ábrego García de ser "un inmigrante ilegal y miembro de la pandilla terrorista extranjera MS-13".

Cuando fue arrestado, dijo, “llevaba una sudadera con fajos de billetes que cubrían las orejas, la boca y los ojos de los presidentes”, “un símbolo bien conocido de la pandilla MS-13”.

Los demócratas se solidarizaron con los inmigrantes. El senador Chris Van Hollen viajó el miércoles a El Salvador, pero las autoridades no le permitieron reunirse con Ábrego García ni hablar con él por teléfono.

Leavitt criticó el viaje y advirtió: "Si alguna vez regresa a Estados Unidos, será deportado inmediatamente de nuevo".

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó a través de la red social X que la esposa del salvadoreño, Jennifer Vásquez Sura, “solicitó una orden de restricción por violencia doméstica en su contra”, junto a un documento de respaldo.

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