Informalidad y pobreza laboral alcanza a trabajadores poblanos

Cristóbal estaba por cumplir un año trabajando en una zapatería en la 5 de Mayo en el Centro Histórico de Puebla, cuando un día les dijeron que el lugar iba a cerrar y cambiar de giro a una tienda de ropa y que ya no lo iban a necesitar.

Aunque él exigió que lo liquidaran, el personal de recursos humanos lo presionó para que firmara una renuncia “voluntaria”, le dio una compensación económica, pero no una constancia de trabajo que ahora le piden en su nuevo empleo.

De acuerdo con el artículo 132 de la Ley federal del Trabajo, el patrón está obligado a expedirle este documento, el cual piden en otros trabajos como una forma de acreditar la experiencia laboral.

“No me la quieren dar, la persona que era el gerente de la sucursal que cerró la ha pedido y lo han ignorado, ahora puedo perder mi nuevo empleo. De por sí era un lugar que incumplía con varios derechos, no pagaban los días festivos como establece la ley y se aprovechaban mucho de los más jóvenes, a quienes ni siquiera les dieron finiquito cuando cerró la tienda”, relata Cristóbal a Diario ContraRéplica Puebla.

Y aunque los derechos laborales están ahí, muchas veces no se respetan. En los últimos 30 años en México se ha registrado una precarización de las condiciones laborales, lamenta Juan Almazán Corona, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP).

En entrevista con esta casa editorial, explica que mientras hay avances en cuanto a los procedimientos como juicios laborales o las conciliaciones que se solucionan en menor tiempo, hay resistencia por parte de los empleadores para respetar estos derechos, recientemente como el aumento del salario mínimo y las vacaciones dignas.

“Le pongo un ejemplo de las vacaciones dignas, que todos hemos oído hablar de ellas, que de seis días nos hemos ido a 12 días cuando menos el primer año. Platicando yo con algunos empresarios, microempresarios, quiero aclararlo, pues me comentan ‘¡cómo quedó esos días! Yo no puedo pagar eso. Si las personas quieren que entremos en esta nueva tendencia de mejorar condiciones, pues mejor que se larguen´”, expone.

Esta resistencia de mejorar las condiciones laborales para los trabajadores ha provocado que se recurra a la informalidad.

De acuerdo con el académico, de cada 10 empresas, siete no les otorgan seguro social a sus trabajadores.

Por lo anterior, consideró que es necesario que la Secretaría del Trabajo tanto local, como federal, pongan más énfasis en vigilar que las empresas desde micro hasta grandes cumplan con la ley.

La Secretaría del Trabajo estatal durante 2022 informó que había llevado a cabo 81 inspecciones extraordinarias sobre condiciones generales de trabajo en la entidad, 32 por ciento menos de lo realizado un año antes cuando hizo 120 inspecciones.

El sector textil, el de construcción y el campo son los sectores más afectados, señala Almazán Corona.

“Bueno, del derecho laboral en el campo no se sabe ni siquiera si existe o no existe, o sea ahí sí los trabajadores del campo están realmente olvidados”, agrega.

Además, las condiciones laborales en detrimento afectan, sobre todo, dice, a los más jóvenes que se ven orillados a optar por el emprendedurismo, al no ver cubiertas sus necesidades en un empleo en una empresa, bajo condiciones de informalidad o poco óptimas, pues no les ofrecen lo que necesitan para su desarrollo profesional.

Esto ocasionará que en 20 años, el sistema de pensiones colapse, ya que no habrá quién pague las pensiones de las personas que se van a jubilar, advierte.

A pesar de que se han incrementado el salario mínimo, en Puebla es más bajo que a nivel nacional; sin embargo, los ingresos de los trabajadores se han visto afectados por la inflación, la cual se reflejó en los alimentos que llegó al 14 por ciento, remarca Miguel Calderón Chelius, responsable del Observatorio de Salarios de la Ibero Puebla.

Esto afecta a los trabajadores con menos ingresos, ya que destinan una mayor cantidad a la compra de alimentos.

El que haya ingresos insuficientes y por tanto una pérdida de poder adquisitivo del salario, explica, ocasiona que haya necesidad de incorporar a más miembros del hogar al mercado laboral para subsanar la pérdida de ingresos en los hogares.

Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) cuatro de cada 10 de pobladores se encuentran en pobreza laboral, es decir, con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta básica.

El año pasado, Puebla cerró en el octavo lugar a nivel nacional con mayor aumento en pobreza laboral en el cuarto trimestre, a pesar de que disminuyó al pasar del 52.4 por ciento en estas condiciones en el mismo periodo de 2021 a 45.6 por ciento en 2022.

En la entidad 737 mil 616 trabajadores ganan hasta un salario mínimo, es decir, menos de 204 pesos al día, mientras que 675 mil 125 reportan ganar entre 1 y hasta dos salarios mínimos, un estimado de entre 204 y 408 pesos diarios.

En contraste, sólo 19 mil 79 personas ganan más de cinco salarios mínimos, es decir, alcanzan un sueldo de más de mil pesos al día.

El panorama no es alentador para Puebla, que casi 80 por ciento de la población se encuentre en la informalidad ocasiona que los trabajadores vivan en una vulnerabilidad enorme, alerta el especialista.

Si padecen alguna enfermedad, además de no poder acceder a una institución de salud, tienen que dejar de trabajar, y por tanto, de generar ingresos.

A esto se suma un sector semiformal, aquellos que tienen mayores ingresos, pero con sólo algunas prestaciones y con la mayoría de las obligaciones que un trabajador, como aquellos que labora por honorarios, otro sector que se puede considerar vulnerable, explica.

La tasa de informalidad al cuarto trimestre del 2022 es del 71.3 por ciento, 16.2 puntos porcentuales arriba de la media nacional, cifras arrojadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este dato describe el porcentaje de la población ocupada “laboralmente vulnerable” por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan y cuyo vínculo laboral no le da acceso a la seguridad social o no le es reconocida por la fuente de trabajo, por lo que es calculada con el cociente de la población ocupada informal entre el total de la población ocupada.

Datos del Inegi apuntan que en el estado hay un millón 150 mil 438 trabajadores que no tienen acceso a instituciones de salud.

Además hay 1 millón 43 mil 922 personas sin prestaciones laborales, de las cuales 34 por ciento son mujeres, y sólo 771 mil 771 trabajadores cuentan con prestaciones laborales.

Para Calderón Chelius, el controlar la inflación como se ha hecho en los últimos años ha ayudado un poco a los efectos de la precarización de los trabajadores con menos ingresos. Pero una posible solución podría ser cambiar una estructura de prestación del “mundo laboral” al “mundo social”.

Es decir, propone que haya un tipo de formalidad distinta para los trabajadores independientes, con un pago de impuestos que les permita alcanzar prestaciones como jubilación, lo que consideró se comienza a hacer con las pensiones del gobierno federal para los adultos mayores.

“Sí tenemos un problema, me parece que en un país como México, que no va a alcanzar el pleno empleo, deberíamos claramente irnos moviendo a esto que se ha propuesto desde hace muchos años del ingreso ciudadano”, subraya.

Lo anterior, considera que ayudará a todos los ciudadanos a tener cubiertas ciertas necesidades que ayuden a satisfacer al mercado.

Sin embargo, consideró que es un camino complicado por las resistencias políticas y económicas, como las críticas que generó en el sector empresarial por el aumento de vacaciones, esto sólo en el mundo laboral formal, pues insistió en que los que trabajan de manera informal no gozan de ningún beneficio.

Como un ejemplo de este sector informal sin acceso a prestaciones menciona a las trabajadoras del hogar, que ante un problema de salud o familiar, dejan de recibir ingresos.

En sí, señala que se tiene que proteger a los trabajadores del sector informal que son los más vulnerables.

De acuerdo con datos del Inegi, en Puebla trabajan 2 millones 932 mil 305 personas, de las cuales 559 mil 487 trabajan en el sector primario, es decir, en actividades como la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca.

En el sector secundario trabajan 12 mil 497 personas en la industria extractiva y de la electricidad, 497 mil 082 personas en la industria manufacturera y 246 mil 929 en la construcción.

En el sector terciario, 585 mil 493 personas trabajan en el comercio, 182 mil 029 en restaurantes y servicios de alojamiento, 97 mil 546 en transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento, 161 mil 310 en servicios profesionales, financieros y corporativos, 224 mil 530 en servicios sociales, 280 mil 942 en servicios diversos y 77 mil 756 en gobierno y organismos internacionales.