Gobierno de Puebla debe pagar 640 mdp a constructora, por obra cancelaada: SCJN

El gobierno de Puebla tendría que pagar una indemnización multimillonaria a la empresa “Melgarejo Construcción y Concesiones” por el retiro –en 2012-- de la concesión para la construcción del “Libramiento Poniente” en la capital poblana.

Lo anterior, debido a que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó la sentencia de un tribunal colegiado y ordenó dar trámite al amparo promovido por la constructora.

De manera que la administración estatal pagaría una indemnización por una obra que no se concluyó, así como el monto total de la inversión que realizó para el proyecto “Libramiento Poniente”, es decir –640 millones de pesos-- más el rendimiento convenido en el título de concesión y los accesorios que por ley correspondían.

Y es que, los ministros de la Segunda Sala desecharon por mayoría revisar este caso, dejando firme la sentencia en contra del gobierno estatal.

Los votos en contra fueron del ministro Javier Laynez Potisek y la ministra Lenia Batres Guadarrama, quienes advirtieron que este tipo de interpretaciones de la ley favorecen a las empresas privadas y afectan los intereses del erario.

Incluso la ministra Batres consideró que se condena al Gobierno de Puebla a cubrir una indemnización por una obra que no se concluyó.

En una ficha informativa, la ministra explicó que la empresa “Melgarejo Construcción y Concesiones, S.A. de C.V” obtuvo la adjudicación de la obra en marzo de 2009, durante la gestión de Mario Marín Torres.

El Libramiento Poniente preveía una inversión de más de 640 millones de pesos y los derechos para explotar la vía por 30 años la vialidad para comunicar la Autopista Siglo XXI con el Arco Norte y la autopista a la Ciudad de México.

Sin embargo, en junio de 2012 la administración del entonces gobernador Rafael Moreno Valle anunció que retiraría esta concesión, pues la obra llevaba más de tres años detenida por la falta de liberación del derecho de vía; por eso al final del sexenio morenovallista, la construcción de la vialidad fue entregada a Pinfra.

Ante esta situación, la constructora Melgarejo solicitó al Gobierno de Puebla el pago de una indemnización y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del título de concesión, petición ante la cual no hubo reacción por parte de la administración estatal de ese entonces.

Por ello, promovió un juicio ante la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) local, quien declaró la “negativa ficta”, es decir, que ante la falta de respuesta de la autoridad se debería dar la razón a la demandante.

Entonces, el Gobierno de Puebla promovió un amparo directo, el cual fue sobreseído en un tribunal colegiado, y el recurso de revisión que llegó hasta la SCJN.