Una investigación de Adrián Fuentes documenta señalamientos de inversionistas sobre el funcionamiento del modelo de renta administrada en el Condominio Meliora y su relación con Nutumurum S.A. de C.V.
De acuerdo con el reportaje, diversos inversionistas mexicanos y extranjeros habrían adquirido departamentos bajo la promesa de obtener ingresos periódicos derivados de la renta de sus propiedades a turistas. El texto señala que durante los primeros años algunos propietarios recibieron pagos mensuales que posteriormente disminuyeron de manera considerable, hasta generar, en determinados casos, saldos a cargo de los propios inversionistas.
Fuentes refiere que los contratos establecen un esquema denominado “Pool de Rentas”, mediante el cual los ingresos generados por las unidades son concentrados y posteriormente distribuidos entre los propietarios conforme a determinadas condiciones. Según la investigación, el operador tendría facultades para establecer tarifas y administrar los gastos relacionados con la operación del inmueble.
Uno de los principales cuestionamientos planteados en el reportaje corresponde a los gastos operativos. El autor señala que documentos internos revisados mostrarían variaciones importantes en los resultados financieros del inmueble, incluyendo meses con balances negativos. Entre los conceptos que, según el texto, llamaron la atención de los propietarios se encuentran los gastos relacionados con el suministro de agua mediante pipas, mantenimiento y otros servicios.
El reportaje también menciona a Víctor Bona Carnero y Rodolfo Ibarra como presuntos operadores del esquema y sostiene que existiría una red de empresas proveedoras vinculadas entre sí. Sin embargo, estas afirmaciones constituyen señalamientos contenidos en la investigación y deberán ser acreditadas ante las autoridades competentes para determinar eventuales responsabilidades.
Otro aspecto señalado es la renovación automática de los contratos. De acuerdo con el texto de Fuentes, los propietarios deben comunicar por escrito su intención de concluir la relación contractual dentro de un plazo determinado; algunos inversionistas habrían enfrentado dificultades para realizar dicha notificación.
La investigación plantea además interrogantes sobre el manejo fiscal de los ingresos obtenidos mediante las rentas y sobre la información proporcionada a los propietarios respecto de impuestos y comprobantes.
El caso, según el autor, refleja los riesgos que pueden enfrentar quienes participan en esquemas de inversión inmobiliaria con administración hotelera. Ante los señalamientos, resulta fundamental que cualquier posible responsabilidad civil, mercantil o fiscal sea determinada mediante investigaciones y procedimientos formales de las autoridades correspondientes.