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Por Staff Contraréplica Puebla
Desde su primer día como gobernador, Miguel Barbosa Huerta, no dudó en señalar una a una las anomalías que se encontró de las gestiones que lo antecedieron: gastos exorbitantes, deudas disfrazadas a cargo del erario, obras y proyectos insignia sin ser redituables, expedición de títulos universitarios a exfuncionarios públicos con irregularidades, el posible mal manejo de recursos del seguro de desastres y la compra de uniformes escolares con sobrecosto.
Sus señalamientos públicos se extendieron no sólo a funcionarios de los partidos políticos diferentes al suyo, también ha sido crítico con los de sus mismos colores partidistas e inclusive dentro de su propia administración.
Entre las críticas se encontró el edil de Tehuacán, Felipe Patjane Martínez, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia, la misma que al mandatario estatal, quien dijo que el presidente municipal “abusó del cargo público.
Antes de ser aprehendido, el gobernador le reprochó, en su primer informe en Tehuacán, la quiebra económica del municipio por 120 millones de pesos. A partir de ahí, la relación entre los dos sería distante y la sospecha de corrupción se asomaría.
El 10 de julio, Patjane Martínez fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas, luego de ser acusado de haber designado, en noviembre del año pasado, al secretario general del Ayuntamiento sin haber contado con facultades, por lo que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició una carpeta de investigación y después lo detuvo a mediados de año.
En marzo, el gobierno estatal tomó el control del área de seguridad del municipio de Puebla. Barbosa Huerta señaló en el decreto emitido que había policías municipales sin pasar las pruebas de control de confianza que no habían sido despedidos por la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, además de tolerar a los grupos criminales que habían sido solapados por administraciones pasadas.
La renuencia de la edil para cambiar a su titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Lourdes Rosales Martínez, a pesar de los señalamientos de que varios mandos podían estar vinculados con la delincuencia, a quienes les avisaban de los operativos, trajo consigo una guerra mediática entre Rivera y el mandatario estatal.
El presidente municipal de Ajalpan, Ignacio Salvador Hernández, —cobijado por el panismo y sus partidos aliados— se encuentra prófugo. De acuerdo con Barbosa Huerta se debe a sus nexos con la delincuencia organizada que opera en la región, lo cual ha provocado los crímenes registrados en las comunidades cercanas.
LUCHA VS. EL MORENOVALLISMO
Sin duda, los señalamientos más duros han sido contra los gobiernos morenovallistas y sus operadores, entre ellos a quien Barbosa Huerta ha calificado como un “personaje siniestro”, el exdiputado federal Eukid “N”, el principal operador político de Rafael Moreno Valle.
El 8 de junio pasado, Eukid “N” fue vinculado a proceso por el presunto delito de uso de recursos de procedencia ilícita, aunque fue detenido por extorsión a un particular. Según el propio gobernador, hay un catálogo de delitos en los que está involucrado y que también se investiga, como una presunta vinculación con líderes del crimen organizado.
El mandatario estatal ha acusado en diversas ocasiones que Christian “N”, El Grillo, uno de los principales líderes del narcomenudeo en la capital poblana, quien operaba desde la fachada de ser líder de los comerciantes del mercado Morelos, habría participado en la violencia del proceso electoral de 2018, acciones donde involucran al exdiputado federal panista, por lo que dijo que a la par de las acusaciones, interpuso otras denuncias.
CONTRA EL LUCRO
El 2 de julio, la Agencia Estatal de Investigación aprehendió a Oscar Chapa Palomeque, Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública durante el interinato de Guillermo Pacheco Pulido, por el presunto delito de peculado.
La aprehensión surgió después de que las autoridades estatales detectaron un sobrecosto de 30 millones 294 mil 676 pesos en la compra de los uniformes gratuitos que se entregaron a alumnos de nivel básico durante el primer semestre de 2019.
Además de haberlo comprado por en cima de su valor comercial, los uniformes y zapatos eran de mala calidad.
AUTOEVALUACIÓN
Los señalamientos en materia de corrupción dentro del gobierno estatal por parte del mandatario Barbosa Huerta también se han centrado en su propia gestión. En diciembre del año pasado, a apenas cuatro meses del inicio de su administración, reconoció que la corrupción al interior se mantenía en la tercera y cuarta fila de los servidores públicos.
Esto, debido a que en las secretarías y subsecretarías aun no lograban mejorar la prestación de servicios, por lo que advirtió que sería severo si llegaba alguna denuncia por corrupción, sobre todo por parte de los empresarios que suelen hacer diversos trámites y que habían denunciado en gobiernos anteriores ser víctimas al gestionarlos.
En julio del año en curso, Barbosa Huerta de nueva cuenta aceptó que aún no lograba erradicar la corrupción de todos los niveles de su gobierno, pues había funcionarios de cuarto, quinto y sexto nivel “sembrados” que lucran con los programas gubernamentales, sobre todo en Bienestar donde se dedican a “estafar”.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, en Puebla de enero a mayo se iniciaron 449 carpetas de investigación por presuntos delitos cometidos por funcionarios.