Avalan hasta cinco años de cárcel para notarios corruptos

Los Notarios Públicos de Puebla que incurran en actos de corrupción o permitan prácticas de lavado de dinero a través de la compra-venta de inmuebles, serán sancionados hasta con cinco años de cárcel y multas de 48 mil pesos.

Así lo establecen las reformas que fueron aprobadas este jueves por el Pleno del Congreso del Estado, las cuales contemplan distintas modificaciones a la Ley del Notariado y al Código Penal para evitar omisiones de los fedatarios públicos.

La iniciativa para transparentar la práctica notarial fue enviada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta el pasado 9 de junio y recibió el respaldo de todas las fuerzas parlamentarias, por lo que se avaló por unanimidad de votos.

El objetivo de la propuesta es que los Notarios Públicos lleven a cabo sus funciones en estricto apego a los principios de certeza y seguridad jurídica, ya que una actuación notarial deficiente puede derivar en actos viciados y, a su vez, en faltas administrativas y delitos.

Las reformas estipulan que los notarios estarán obligados a identificar y verificar la manera en que se realiza el pago para la transmisión o constitución de derechos sobre inmuebles, a fin de evitar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los fedatarios que omitan comprobar el origen del dinero que se utiliza para adquirir alguna propiedad –cuando las operaciones tengan un valor igual o superior a 1.3 millones de pesos– serán sancionados con uno a cinco años de prisión.

“En la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, en los actos u operaciones que se celebren ante Notarios Públicos, estos últimos deberán identificar la forma en la que se paguen dichas obligaciones y dar cuenta de ello dentro del Instrumento Notarial”, señalan las modificaciones.

Posteriormente, los notarios deberán enviar la información sobre las transacciones a la Unidad de Inteligencia Financiera de Puebla (UIP), adscrita a la Secretaría de Planeación y Finanzas, garantizando la protección de datos personales de los involucrados.

Además, se castigará con cárcel y multas que van desde 9 mil 622 hasta 48 mil 110 pesos a los fedatarios que permitan, ya sea por dolo u omisión, la suplantación de su identidad firma o sello en el ejercicio de su función.

También se sancionará a quien no desempeñe personalmente sus funciones y actividad notarial; actúe en folios que no fueron autorizados por la autoridad notarial; o impida que se lleven a cabo las visitas ordinarias, extraordinarias, inspección o especiales.

A quien provoque dolosamente la nulidad de un instrumento o testimonio y cause daño o perjuicio directo a los prestatarios o destinatarios; u omita agregar al apéndice de los instrumentos copia o impresión de las transferencias bancarias o cheques.

Así como a quien incumpla con el pago de los impuestos y derechos que se otorguen conforme a la normatividad aplicable; y a quien dolosamente omita verificar la existencia y veracidad de los mandatos y poderes para actos de dominio.

La esencia de la iniciativa enviada por el gobernador Miguel Barbosa es evitar posibles prácticas de lavado de dinero con la venia de los fedatarios públicos.

Y es que la Ley del Notariado actual establece que los notarios deben determinar la naturaleza, ubicación, colindancias, dimensiones y extensión superficial de los bienes inmuebles que sean objeto de transmisión o constitución.

“Si se tratare de bienes inmuebles, determinará su naturaleza, ubicación, colindancias o linderos, y en cuanto fuere posible sus dimensiones y extensión superficial, agregándose al apéndice toda la documentación que le presenten, para la perfecta identificación del inmueble”, señala la legislación vigente.

En ese sentido, el marco jurídico no toma en cuenta la procedencia del dinero que es utilizado para la adquisición o traspaso de inmuebles, abriendo paso a posibles a delitos como operaciones con recursos ilícitos.

Por lo anterior, a través de las reformas obligarán a los notarios a “identificar la forma en la que se paguen las obligaciones que de ellos deriven, cuando las operaciones tengan un valor igual o superior al equivalente a 14 mil 417 Unidades de Medida y Actualización”.

Dichas disposiciones se fortalecen con las modificaciones que se realizaron al Código Penal del Estado, a fin de imponer sanciones de uno a cinco años de prisión a los fedatarios que incurran en actos de corrupción, ya sea por omisión o dolo.