Los legisladores dieron luz verde a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla y la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla
Por Guadalupe Juárez
Por mayoría de votos, los diputados locales aprobaron las 217 leyes de ingresos 2023 de los municipios poblanos, incluidos los cobros al Derecho de Alumbrado Público (DAP) de 154 ayuntamientos, entre ellos la capital poblana a la que le había sido rechazada su petición el año pasado.
En sesión extraordinaria, los diputados poblanos primero avalaron las leyes de Ingresos de 63 municipios que no pedían el cobro del DAP y luego por mayoría de votos palomearon las Leyes de Ingreso de los 154 que sí lo solicitaron.
La votación a favor del DAP fue de 33 votos a favor, seis en contra y un voto en contra de San Pedro y San Andrés Cholula, punto en el que los legisladores se enfrascaron en la discusión en lo particular de las leyes de ingreso que incluían este nuevo concepto.
El Congreso de Puebla avaló el DAP tanto en municipios gobernados por Morena, como por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).
En la lista se encuentran Acajete, Acateno, Acatlán, Acatzingo, Acteopan, Ahuatlán, Ajalpan, Albino Zertuche, Aljojuca, Amozoc, Aquixtla, Atempan, Atlequizayán, Atlixco, Atoyatempan, Atzala, Atzizihuacan, Atzizintla, Axutla, Ayotoxco de Guerrero y Calpan.
Caltepec, Cañada Morelos, Coronango, Coxcatlán, Coyomeapan, Cuapiaxtla de Madero, Cuautinchán, Cuautlancingo, Cuyoaca de Andrade, Cuetzalan del Progreso, Chignahuapan, Huaquechula, Izúcar de Matamoros, Juan C. Bonilla, Nicolás Bravo y Nopalucan forman parte de los ayuntamientos que agregaron en su ley de ingresos el DAP.
También se encuentra Palmar de Bravo, San Martín Texmelucan, Tehuacán, Soltepec, Tepeojuma, Tepexi de Rodríguez, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tulcingo, Zacatlán y Zinacatepec, por mencionar algunos.
Avanza consolidación del Poder Judicial
En sesión extraordinaria, los legisladores también avalaron por mayoría de votos la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla y la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, mismas que fueron impulsadas por el gobernador fallecido Miguel Barbosa Huerta.
En la primera se enfoca en establecer mecanismos de posibles sanciones a jueces y magistrados en temas de corrupción. Además, de establecer las funciones de la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa y el Consejo de la Judicatura.
Mientras que la segunda permitirá llevar a cabo juicios administrativos en línea, lo cual pretende desahogar la carga de trabajo de los juzgados.
Estas fueron iniciativas que dejó pendiente el mandatario Barbosa Huerta al fallecer, por lo que el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Eduardo Castillo, tenía en sus manos tras asumir el cargo.
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