Trump y el choque contra la Corte Penal Internacional

La obsesión de Donald Trump por el Premio Nobel de la Paz se ha convertido en un espectáculo reiterado. El presidente estadounidense, que desde su regreso a la Casa Blanca en 2025 ha reclamado abiertamente el galardón por lo que describe como “haber resuelto ocho guerras”, recibió el 9 de octubre un nuevo rechazo. El Comité Noruego otorgó el premio a Navi Pillay, jurista sudafricana y exjueza de la Corte Penal Internacional (CPI), por sus esfuerzos en favor de la paz y el derecho internacional. Trump reaccionó con furia: en un mitin en Syracuse (Nueva York) afirmó no haber oído nunca hablar de ella, calificó la decisión de “vergonzosa y embarazosa” y la definió como “una mancha indeleble” sobre Noruega. En Truth Social insistió en que Estados Unidos, “representado por mí”, merecía el premio y que el Nobel había quedado “desacreditado para siempre”.

Pillay, quien presidió una comisión de la ONU que concluyó que Israel cometió genocidio en Gaza, respondió con humor ante el aplauso de colegas en Núremberg: “Si aplauden un poco más, tal vez comparta este premio con Trump”. El Comité Nobel subrayó que el reconocimiento reafirma el valor del derecho internacional en un momento en que jueces e instituciones son sancionados y atacados.

Horas después del anuncio, la administración Trump intensificó su ofensiva. El secretario de Estado Marco Rubio anunció sanciones directas contra la CPI como institución: se prohíben transacciones con la Corte, se bloquean activos y se busca “cortar sus recursos y paralizar su capacidad de operar”. Rubio declaró que Trump “nunca permitirá que la CPI procese a estadounidenses” y advirtió: “O la CPI termina sus amenazas, o nosotros terminaremos con la CPI”. Las medidas, que incluyen un periodo de gracia de seis meses, se suman a sanciones previas contra jueces y fiscales, motivadas por investigaciones sobre acciones de fuerzas estadounidenses en Afganistán y por órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y otros funcionarios por presuntos crímenes de guerra en Gaza.

La CPI rechazó con contundencia las sanciones. Su presidenta, Tomoko Akane, las calificó de “asalto al Estado de derecho y a los fundamentos del orden jurídico internacional”, un intento de obstruir la justicia e intimidar a quienes colaboran con la Corte. Afirmó que la institución no se detendrá y seguirá actuando con independencia e imparcialidad, basada solo en la ley y las pruebas, en beneficio de las víctimas. Instó a los 125 Estados Parte a defenderla y garantizar sus medios de funcionamiento.

Este episodio ilustra con claridad cómo Estados Unidos e Israel anteponen su agenda política y de soberanía a la autonomía de organismos internacionales. Al sancionar a la CPI por investigar a aliados o a sus propios ciudadanos, y al descalificar un premio que reconoce el derecho internacional precisamente cuando este está bajo ataque, ambos países socavan instituciones diseñadas para que nadie quede por encima de la ley. El mensaje es inequívoco: cuando el derecho internacional incomoda, se recurre a la fuerza económica y política para debilitarlo. La historia juzgará este momento.