TIRADITOS
Puebla
Frente político
La posible inhabilitación del exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, abrió una confrontación entre las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo.
Mientras el PAN acusa que se trata de un garrote político para frenar las aspiraciones de su figura rumbo a 2027, el presidente del Congreso, Pável Gaspar, sostiene que el procedimiento no responde a intereses partidistas, sino a cuestiones estrictamente administrativas.
Hay quienes se preguntan: ¿será una sanción definitiva que podría marcar el final de la trayectoria política de Lalo Rivera o de una suspensión temporal que, una vez superado el proceso electoral de 2027, podría quedar sin efecto?
Reacomodo de fuerzas
Dentro del Partido Acción Nacional también hay lecturas políticas sobre el futuro de Eduardo Rivera tras su posible inhabilitación.
Su repentino interés rumbo a una posible candidatura por la alcaldía de Puebla no pasó inadvertido entre los propios panistas.
En su grupo consideran que esta situación podría debilitarlos y restarles fichas para negociar candidaturas y posiciones de cara a la elección de 2027.
Y bajo dicho escenario, el reacomodo interno parece favorecer a Genoveva Huerta, quien, al menos por ahora, no tendría un contrapeso dentro la disputa interna.
Puede salir mucha mugre
Las declaraciones del coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, abren un nuevo frente de cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos en el Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla.
De acuerdo con las cifras expuestas, entre 2014 y 2023 el organismo facturó 49.4 millones de pesos a empresas presuntamente vinculadas con la red de corrupción del INE.
Sin embargo, entre 2024 y 2025 la cifra se disparó a 129.7 millones de pesos.
El Gobierno estatal ya fijó postura y respaldó que la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República investiguen hasta las últimas consecuencias.
Si las investigaciones avanzan y se transparenta toda la documentación, podrían surgir nombres, responsabilidades y explicaciones que hasta ahora permanecen pendientes.
Tony Gali le roba cámara
El senador Néstor Camarillo aprovechó la elección de Bobby Pulido como representante del Partido Demócrata en California para presumir su amistad con el excantante y colocarse nuevamente en el escaparate político.
No es la primera vez que Camarillo busca captar reflectores a través de distintos personajes y acontecimientos.
Su objetivo parece ser mantener presencia y posicionarse rumbo a las elecciones de 2027, en las que busca tener un papel protagónico.
Sin embargo, la incorporación de Tony Gali a Movimiento Ciudadano modificó el escenario interno y al menos ya le robó cámara en Puebla capital.
El derecho de terceros
El conflicto por el relleno sanitario de Cholula ha escalado al punto de afectar la movilidad de cientos de personas que utilizan la carretera federal a Huejotzingo.
Los pobladores tienen derecho a manifestarse y exigir soluciones ante una problemática ambiental que consideran urgente, pero bloquear una vía de comunicación también tiene consecuencias para terceros.
El gobernador Alejandro Armenta Mier ha llamado a la prudencia y señalado que la clausura definitiva del relleno no puede concretarse sin que la empresa responsable, Pro-Faj, concluya los trabajos técnicos necesarios para la mitigación de los daños ambientales.
El problema es que mientras las autoridades y los inconformes avanzan en el diálogo, quienes quedan atrapados en medio del conflicto son ciudadanos que necesitan trasladarse a sus trabajos, escuelas o actividades cotidianas.
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HG/CR
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