Sergio Salomón asume la titularidad del INM en medio de críticas por caso Juárez

Este jueves 1 de mayo, Sergio Salomón Céspedes, exgobernador del estado de Puebla, tomó oficialmente el mando del Instituto Nacional de Migración (INM), luego de que Francisco Garduño Yáñez le entregara la titularidad del organismo. La transición marca una nueva etapa para el instituto, en un contexto complejo de gestión migratoria.

A través de sus redes sociales, el Instituto Nacional de Migración publicó fotografías y un video del evento protocolario, subrayando que la entrega de mando se realizó “en un ambiente de respeto y cordialidad”.

“Salomón Céspedes reconoció el trabajo que encabezó al frente de la institución el comisionado saliente, y en su oportunidad, Francisco Garduño Yáñez, le dio la bienvenida y le deseó éxito en su nueva responsabilidad”, mencionó la publicación oficial.

El viernes 2 de mayo está programada una ceremonia donde Francisco Garduño ofrecerá una disculpa pública por el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, tragedia que dejó 40 migrantes muertos y 27 heridos.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó el pasado 15 de abril que Garduño permaneció al frente del INM durante los primeros meses de su administración para dar continuidad al diálogo con autoridades migratorias estadounidenses.

El 11 de abril, un tribunal de apelaciones confirmó la suspensión del proceso penal por presunto ejercicio indebido del servicio público en contra de Garduño, relacionado con la tragedia de Ciudad Juárez.

El juez Víctor Manlio Hernández Calderón determinó en enero la suspensión del juicio, exigiendo al exfuncionario cumplir condiciones como mantener residencia fija, capacitarse en derechos humanos y protección civil, realizar disculpas públicas y participar en supervisiones a centros migratorios.

La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que representa a víctimas directas e indirectas, interpuso una apelación, señalando que no se respetaron medidas previas de protección a las víctimas ni se negociaron indemnizaciones de forma adecuada.

El tribunal justificó la decisión señalando que los 300 millones de pesos otorgados en reparaciones por parte del Estado no podían atribuirse individualmente a Garduño, priorizando la reparación del daño.

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, como DHIA, IMUMI y la Clínica Jurídica Alaíde Foppa, han expresado su rechazo al fallo judicial, acusando “impunidad y justicia selectiva” en el proceso legal seguido contra Garduño.

Imagen: X / @INAMI_mx