Proponen suspender a funcionarios que ejerzan violencia política de género

Los presidentes municipales o servidores públicos que retengan salarios de regidoras de forma injustificada como una manera de ejercer violencia política de género, podrían ser suspendidos de sus funciones.

Así lo establece una iniciativa que fue presentada en el Congreso de Puebla por el diputado local de Pacto Social de Integración (PSI), Carlos Navarro Corro, con el objetivo de garantizar que mujeres y hombres obtengan salarios igualitarios.

La propuesta del dirigente estatal del PSI contempla diversas reformas a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley Orgánica Municipal.

Entre las modificaciones, se establece que será motivo de suspensión "retener o realizar actos en detrimento de sus percepciones salariales sin causa justificada u otras prestaciones que perpetúen la brecha salarial de género".

Además, señala que todos los regidores del Ayuntamiento deberán gozar del mismo salario que haya sido acordado previamente, de manera equitativa entre hombres y mujeres.

Al respecto, el legislador refirió que en Puebla se han registrado diversos casos de alcaldes que retienen los salarios de regidoras injustificadamente, lo que se traduce en actos de violencia política de género.

Indicó que las afectadas deben recurrir al Tribunal Electoral del Estado (TEEP) para impugnar y lograr que los ediles realicen el pago de los salarios caídos, lo cual sucede después de meses de litigio y por orden de los magistrados.

Uno de los casos más relevantes se suscitó en el Ayuntamiento de Francisco Z Mena, cuando el ex alcalde Pascual Morales Martínez fue sentenciado por negarse a pagar el sueldo a una de las regidoras del Cabildo.

Tras los hechos, el TEEP ordenó al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) quitarle la candidatura a Morales Martínez, quien buscaba reelegirse como edil de dicho municipio en el proceso electoral del 2021.

Algo similar ocurrió con el ex alcalde de Tecamachalco, Inés Saturnino López Ponce, quien durante varios meses retuvo el salario de dos regidoras, una de ellas la actual diputada local de Morena, Ruth Zárate Domínguez.

Luego de que los magistrados locales le ordenaron el pago de las remuneraciones, el panista entregó el dinero a las exregidoras en bolsas de basura.