Piden políticas públicas para fortalecer Ley Monzón y Ley Ácida en Puebla

Aunque la aprobación de la “Ley Ácida” y la “Ley Monzón” significan un logro en la lucha contra la violencia de género en Puebla, es necesario que se implementen políticas públicas para complementarlas y que no queden en letra muerta.

Así lo manifestaron activistas e integrantes de organizaciones civiles, quienes remarcaron que se debe garantizar un verdadero acceso a la justicia para las víctimas de ataques con ácido y para los menores que quedan en orfandad por el feminicidio de sus madres.

En primera instancia, la saxofonista María Elena Ríos, quien fue víctima de un ataque con ácido en Oaxaca en el año 2019, reconoció al Congreso de Puebla por fijar un precedente en tipificar dicho tipo de agresiones como tentativa de feminicidio para sancionarlo hasta con 40 años de prisión.

Sin embargo, señaló que también deben realizarse distintas reformas para que se garantice la reparación del daño en favor de las sobrevivientes.

Indicó que los servicios de salud tendrían que brindar tratamientos médicos gratuitos, debido a las múltiples quemaduras en la piel que ocasiona el ácido, lo que a su vez se traduce en cirugías que son sumamente costosas.

Además, refirió que los jueces deben garantizar una justicia pronta y expedita contra los agresores; así como sancionar a los servidores públicos que entorpezcan las investigaciones.

“Intentan quitarnos la vida y sobrevivir a ello es muy complicado, son muchos procesos médicos, dermatológicos, cirugía plástica, reconstructiva (…) es muy importante que cuando se haga ley, nosotras nos encarguemos de que no sea una ley muerta”, expresó.

Por otra parte, Edurne Ochoa, presidenta de la organización 33 Mujeres A.C., acotó que tras la aprobación de la “Ley Monzón” para retirar la patria potestad a padres feminicidas, se debe brindar acompañamiento a las infancias en situación de orfandad.

En entrevista, la activista señaló que resulta necesaria la creación de un padrón para conocer cuántas niñas, niños y adolescentes se encuentra en orfandad tras el feminicidio de sus madres en Puebla.

A la par, resaltó que el gobierno estatal tendría que brindar acompañamiento puntual a los menores, a fin de garantizar su educación, cuidado y libre desarrollo, luego de que un juez decida qué familiar se quedaría con su guarda y custodia.

“El padrón es algo numérico, también tendríamos que hacer política pública y destinar presupuesto para su educación, alimentación, acompañamiento psicológico para las infancias”, expresó.