Nación
Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, recibió un revés judicial luego de que Jovita Vargas Alarcón, jueza Noveno de Distrito en Materia Penal, le negara el amparo contra la orden de aprehensión girada por su presunta participación en el desvío de aproximadamente mil millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles policiales en el estado.
En un acuerdo publicado este miércoles, la jueza Vargas Alarcón resolvió que “la justicia de la Unión no ampara ni protege” a Aureoles Conejo. A pesar de ello, el político no puede ser detenido por el momento, ya que cuenta con una suspensión provisional vigente otorgada en otro juicio de amparo que promovió.
La semana anterior, la misma jueza revocó la suspensión definitiva que lo protegía, tras determinar que el exmandatario no cumplió con las condiciones establecidas para mantener dicha medida: pagar una garantía económica de un millón de pesos y comparecer ante la jueza de control Patricia Sánchez Nava, quien emitió la orden de detención.
La Fiscalía General de la República (FGR) responsabiliza a Aureoles Conejo por un presunto daño al erario público de mil 52 millones 222 mil 490 pesos, relacionado con la construcción de instalaciones para la policía estatal en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
Debido a estos hechos, el político michoacano está imputado por los delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, todos relacionados con presuntos actos de corrupción y malversación de fondos públicos durante su gestión.
A finales de mayo, Silvano Aureoles logró detener momentáneamente su aprehensión cuando un Tribunal Colegiado confirmó la suspensión provisional otorgada por otro juzgado. Dicha medida lo protege temporalmente mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo interpuesto contra la orden de captura.
Imagen: Cuartoscuro