Sospechas de la UIF
El discurso de lucha social de Antorcha Campesina se va a la basura frente a las investigaciones que apuntan a una red de más de 300 empresas presuntamente vinculadas a la organización y a operaciones ilegales.
Hoteles, constructoras, escuelas, arrendadoras y negocios de espectáculos forman parte de un entramado financiero.
No es casual que la Unidad de Inteligencia Financiera haya puesto la mira en estas operaciones ante las sospechas sobre lavado de dinero, recursos de procedencia ilícita y presuntos esquemas de extorsión.
Si las acusaciones se confirman, quedará claro que detrás de las movilizaciones impulsadas por sus líderes Juan Celis y Soraya Córdova hay un imperio económico basado en el chantaje.
Huele a complicidad
La denuncia de transportistas sobre una presunta red de complicidad entre delincuentes y autoridades vinculadas al corralón municipal de Huejotzingo merece una investigación inmediata.
Un camión robado durante la madrugada del miércoles sobre la carretera federal a Huejotzingo fue localizado horas después dentro del depósito vehicular, gracias a su sistema de geolocalización; sin embargo, la mercancía habría sido descargada ilegalmente antes de que el propietario pudiera recuperar la unidad.
Para los operadores de carga, estos hechos alimentan la sospecha de que algunos espacios destinados al resguardo de vehículos podrían estar siendo utilizados como parte de una cadena delictiva que obtiene ganancias tanto del robo como de los trámites posteriores relacionados con las unidades aseguradas.
La seguridad en las carreteras debe garantizar que ninguna autoridad o institución participe, tolere o se beneficie de este tipo de actividades.
Cancelación futbolera
Las estrictas restricciones impuestas por los organizadores del torneo de fútbol obligaron a cancelar la transmisión pública del partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Complejo Cultural Universitario de la BUAP.
Lo que debería ser una fiesta deportiva para acercar el fútbol a la gente se ha convertido en un entramado de permisos, derechos y posibles sanciones que limita incluso las reuniones colectivas en espacios públicos.
La situación no es exclusiva de la universidad poblana. Diversas instituciones, gobiernos y organizaciones han tenido que modificar o cancelar actividades planeadas para convivir en torno al balompié.
Los aficionados esperan cuatro años para vivir una competencia de esta magnitud y lo mínimo que esperan es la oportunidad de compartir la emoción del fútbol sin cortapisas.
Protección de derechos
El gobierno municipal de San Andrés Cholula organizó exitosamente el foro “Voces Libres” como un gesto de respeto y protección al derecho a la libertad de expresión.
La alcaldesa Lupita Cuautle logró congregar a periodistas nacionales y locales con el propósito de crear reflexiones y debates sobre cómo garantizar que la sociedad goce y practique estas garantías individuales.
Más allá de los perfiles invitados, lo más valioso resultó el intercambio de ideas entre ponentes y público, importante para la formación de ciudadanía en las diferentes demarcaciones.
En suma, es una forma de proteger derechos cuando se visibiliza y se discute aquello que puede ponerlos en riesgo.
Mega coalición
Después de los resultados en Coahuila, donde el PRI ganó los 16 distritos estatales, la diputada local poblana, Delfina Pozos, propuso una mega coalición opositora para el 2027.
La legisladora lamentó que otros partidos prioricen los intereses particulares por encima de las necesidades de la sociedad, de ahí que llamó a la sensibilidad política para alcanzar un acuerdo.
Simplemente le recordó al PAN y a Movimiento Ciudadano que quedaron prácticamente borrados del mapa en territorio coahuilense, así que consideró una gran oportunidad que acudan juntos a las urnas.
El problema es que Alejandro “Alito” Moreno se ha empeñado en crear una imagen sumamente negativa y, en una elección nacional, claro que puede ser determinante y por eso el resto de la oposición le rehúye a la alianza.