MC propone anular elecciones si asesinan a un candidato en Puebla

Puebla jueves 04 de junio de 2026 - 15:19

Por Vera Fernández

Ante el incremento de la violencia política en el país, Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado impulsa una iniciativa para establecer el homicidio doloso de un candidato como una causal para la nulidad de una elección en Puebla.

La propuesta fue presentada este jueves por la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales, durante sesión ordinaria del Pleno.

La iniciativa busca reformar el artículo 378 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

Desde tribuna, expuso que la privación de la vida de un candidato modifica de manera abrupta la oferta política, vulnera la equidad de la contienda y lesiona el derecho colectivo de la ciudadanía a emitir un voto libre e informado.

La iniciativa plantea que la nulidad procederá de manera específica bajo los siguientes criterios temporales y circunstanciales:

- El asesinato violento del candidato debe ocurrir en el periodo comprendido desde el inicio de las campañas electorales hasta el cierre de la jornada de votaciones.

- El crimen debe estar directamente vinculado con el desarrollo del proceso electoral en curso.

Sin embargo, los tribunales electorales deberán comprobar plenamente el hecho y determinar de manera cualitativa o cuantitativa que el homicidio impactó estructuralmente en el resultado de la elección.

"Incorporar esta causal de nulidad implica asumir una posición institucional clara frente a la violencia política: que el acceso al poder público no puede estar mediado por la violencia, y que el Estado no puede convalidar procesos electorales en los que la competencia haya sido alterada", expuso la legisladora.

Suriano Corrales citó diversos análisis sobre integridad electora que han documentado cómo las agresiones letales generan un efecto inhibitorio que aleja a perfiles competitivos de las urnas y reduce la pluralidad democrática, especialmente en el ámbito local.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y posible aprobación.