A la hora que usted tenga la presente columna entre sus manos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya habrá fallado una vez más sobre la reforma judicial, o al menos lo hará de manera indirecta, pues el proyecto presentado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena versa sobre los términos de una controversia constitucional entre la Judicatura Federal, que a través de una inmensidad de amparos –alrededor de 1500– motivados por la afectación de los derechos adquiridos de los trabajadores del organismo, ordenaron al INE frenar diferentes etapas del proceso electoral-judicial; mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en contrasentido a lo anterior, desestimó dicho control de constitucionalidad resaltando el asunto como estrictamente electoral, ordenando al árbitro garante continuar con el proceso, aunque carezca de recursos económicos para llevarlo a efecto.
Desde luego en este gigantesco experimento jurídico-social, quizá el más esquizofrénico que una Nación se haya atrevido a implementar, nunca faltan los testaferros del escarnio y la desvergüenza: una de ellas ha sido la presidenta del TEPJF, la magistrada Mónica Soto Fregoso, quien solicitó a Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, y a los ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek y Jorge Mario Pardo Rebolledo, recusarse -es decir abstenerse- de participar en la sesión –y consecuente votación– de este jueves por haber emitido opiniones contrarias en los medios, en la Sala Superior y en el Congreso de la Unión antes del fallo en cuestión.
Seguramente “las gafas moradas” de la perspectiva de género, que se han convertido en un ícono en las sesiones estenográficas del Tribunal Electoral, le han impedido a la magistrada Soto Fregoso ver las cosas en su justa dimensión. ¿O dígame usted si las ministras-candidatas Lenia Batres, Loretta Ortiz Ahlf y Jasmín Esquivel, al declararse fundadoras del Movimiento de Regeneración Nacional, y hacer abierto proselitismo en las plazas públicas a favor de la reforma judicial, no han hecho exactamente lo mismo que condenan?
Ya lo dijo con mucha precisión Laynez Potisek en una entrevista radiofónica:
«Que se dé –la recusación– para todos los que hayamos emitido una opinión, por eso me parece hasta burdo esta manera de pretender excluirnos a cuatro de nosotros (…) el impedimento no se da por el contenido de la opinión sino por emitir opinión en un asunto».
Más allá de lo burdo de la maroma jurídica implementada por las ministras al servicio de la 4T, la pregunta sigue en el aire: ¿seis ministros de la SCJN finalmente ordenarán al INE suspender el proceso judicial-electoral? Y quizá aún más importante: ¿el gobierno de la República acatará el fallo del más alto tribunal constitucional de México?
Tic, tac.. tic, tac…