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La SCJN de nuevo

La SCJN de nuevo

Columnas martes 21 de septiembre de 2021 - 01:51

Los congresos locales serán el campo de batalla (o la pasarela fashion) de la despenalización de la interrupción del embarazo.

Serán los plenos legislativos los que aprueben leyes a favor de la despenalización del aborto o al menos que deroguen todas aquellas leyes anti-aborto que votaron años atrás.

Durante muchos años, los legisladores de los congresos tenían una salida algo rebuscada para frenar cualquier abordaje al tema: “Es que tenemos que consultar a la población”.

“Es un tema que polariza. Tenemos tradiciones que guardar”, decían los diputados.

En realidad, el Congreso esperaba la línea del “góber precioso” en turno y la bendición del arzobispo.

Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválido el artículo 10 bis de la Ley General de Salud que legisla sobre la objeción de conciencia.

El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, se pronunció en contra del artículo 10 bis tal y como se encuentra redactado ya que abriría las puertas a que el personal de salud negara la práctica del aborto.

La lógica de Zaldívar fue que no se puede dar un paso a favor de la despenalización del aborto y de los derechos de las mujeres como el mandato la se mana pasada por la Suprema Corte y luego aprobar la validez del artículo 10 bis que frenaría en la práctica el derecho al aborto.

El sentido del voto de los ministros fue que la objeción de conciencia sí representa un derecho, pero las cámaras lo legislaron de manera confusa. Así que deberán de volver a legislarlo.

Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano, que reúne a los obispos del país ha convocado a una marcha el próximo 3 de octubre denominada marcha “Por la mujer y por la vida”.

La marcha es la respuesta de los obispos católicos de México a la decisión de la SCJN: “Como sabe y lo hemos comentado en la pasada reunión de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió dos acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la despenalización del aborto y el derecho humano a la vida en el código penal de Coahuila y en la constitución de Sinaloa. Hemos compartido lo lamentable de esta situación y ya nos hemos pronunciado al respecto. Ahora debemos estar abiertos a las acciones que conlleva nuestro pronunciamiento.”

En un país democrático, las organizaciones y las instituciones religiosas podrán expresar su opinión sobre los temas de índole moral que les atañen.

Este desde el punto de vista de los religiosos les compete, pero sólo en el ámbito de sus creencias y hacia su feligresía, o a quienes de manera libre comulgan con ese núcleo de creencias en el terreno moral.

Sin embargo, el escenario en que los obispos llamen al desacato de lo determinado por la SCJN es de alto riesgo y además incurriría en una violación de la norma.

Esta marcha mediría fuerzas y más que expresar la ya conocida posición de la Iglesia Católica sobre el tema, será seguramente una pasarela de los sectores más conservadores del país y también ajenos a las creencias religiosas.

Desde hace mucho tiempo, la separación entre la Iglesia o las iglesias y el Estado, es un principio de la Constitución. Los líderes religiosos pueden expresar sus creencias en el espacio de la fe: los recintos religiosos y la práctica privada.

Sin embargo, traspasar estos límites es opuesto a la visión del país que se ha construido en los últimos años. Es más, los líderes religiosos pueden expresar los códigos morales que sus seguidores deben seguir, siempre y cuando estos códigos no se opongan a las leyes de un país.


La decisión de la Corte también rebasa un viejo dogma político donde las iglesias y sus líderes intervenían en las decisiones de los magistrados. Todo esto, no es resultado de la Cuarta Transformación, que ha demostrado con sus propuestas legislativas un conservadurismo digno de los países más religiosos, sino de una interpretación de las normas conforme a principios universales.

Queda un largo camino por lograr que los Congresos aprueben leyes para despenalizar el aborto.

Con estas decisiones la SCJN ha reivindicado el juarismo de la retórica de la Cuarta Transformación. Y se ha colocado del lado de los principios de la República. No ha hecho más que su tarea. Ojalá, el Congreso de Puebla nos sorprenda.

Y responda a los principios de la República, de la Constitución y de todos esos símbolos que le devolverían a Puebla su condición de ciudad cuna de la Revolución Mexicana y de la heroicidad del ejército de Oriente cuando detuvo al ejército francés el 5 de mayo.

De otro modo, los diputados locales regresarían al closet de su conformidad conservadora, a sus nichos de oropel a la espera de la “línea”. Ojalá, al Congreso local lo guíe el espíritu de Zaragoza y no el confesionario.

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/CR

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