JUFED advierte sobre simulación en elección judicial y llama a cancelar proceso

Claudia Bolaños

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) lanzó un llamado a la ciudadanía para mantener una postura crítica frente al proceso de elección judicial impulsado por el oficialismo, al que calificó como una “simulación” que pone en riesgo la independencia del Poder Judicial.

En un comunicado difundido este lunes, la JUFED acusó que la denominada “democratización” del Poder Judicial es, en realidad, una estrategia para someter a jueces y magistrados al control político del gobierno y su mayoría en el Congreso. El organismo denunció que los candidatos a jueces y magistrados no han sido seleccionados por su experiencia y trayectoria jurídica, sino por lealtades partidistas, apoyos oficiales y supuestos vínculos con el crimen organizado.

La JUFED advirtió que la elección judicial pone en riesgo los derechos humanos, la independencia para resolver con justicia, y el equilibrio entre poderes, elementos esenciales para la garantía de un Estado de Derecho funcional. Alertó también sobre los impactos que este proceso tendría en la seguridad jurídica de personas, empresas y grupos vulnerables.

El comunicado cuestionó que personas sin carrera judicial ni formación jurídica adecuada puedan ejercer funciones jurisdiccionales, luego de haber hecho campañas políticas breves, impulsadas por intereses partidistas. Según la organización, esto desvirtúa la función del juzgador y rompe con los principios constitucionales de imparcialidad y preparación profesional.

Asimismo, citó advertencias de organismos internacionales como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo y organizaciones judiciales de América Latina, que han manifestado su preocupación por el rumbo del sistema judicial en México.}

La JUFED reiteró su exigencia de cancelar la elección judicial y sostuvo que el país enfrenta un “golpe de Estado técnico”, al coordinarse los poderes Ejecutivo y Legislativo para intervenir en la independencia judicial, hecho que —según la Corte Interamericana de Derechos Humanos— constituye una ruptura del orden constitucional.