Por Alejandra Olivera
El coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, reconoció que las autoridades estatales y federales detectaron indicios de que un grupo delictivo buscaba avanzar en el municipio de Acatlán de Osorio y apropiarse de estructuras del ayuntamiento.
En su programa Derecho de Réplica, el funcionario explicó que el caso fue analizado en las mesas de inteligencia en las que participan el gobernador Alejandro Armenta Mier, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, Sedena, Marina y Guardia Nacional.
Afirmó que a partir de la información recabada se iniciaron investigaciones y procedimientos, contra servidores públicos y representantes del municipio, las cuales continúan abiertas.
“Nosotros teníamos que había indicios de que un grupo delictivo estaba avanzando en el municipio de Acatlán y que se estaba apropiando de estructuras del Ayuntamiento”, sostuvo.
Sin embargo, no aclaró si dichas investigaciones iniciaron de forma paralela a la solicitud de revocación de mandato de Lucero Bárcenas que realizaron en junio pasado los entonces regidores que acusaron irregularidades administrativas.
Lo anterior, derivó en la renuncia de Lucero Bárcenas y regidores, así como en la instalación de un Concejo Municipal en Acatlán para concluir el periodo 2024-2027.
Las declaraciones de García Parra se producen después de que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, afirmó que su administración había advertido al Gobierno de Puebla sobre la presunta colusión de autoridades municipales con grupos criminales en la zona limítrofe entre ambos estados.
El crimen organizado no operó a mi favor, sino en contra: Lucero Bárcenas
Por su parte, la exalcaldesa de Acatlán, Guadalupe Lucero Bárcenas, rechazó categóricamente los señalamientos del gobernador de Oaxaca y sostuvo que no ha tenido ningún nexo con células delictivas.
En un comunicado, negó que la disminución de delitos en la carretera federal 190 esté relacionada con su salida del cargo y afirmó que, durante su gestión, la seguridad pública municipal estuvo bajo responsabilidad del Gobierno de Puebla y de la Secretaría de Marina.
Asimismo, enfatizó que el crimen organizado no operó a su favor, sino en su contra, al señalar que recibió amenazas de muerte, enfrentó una parálisis de su Cabildo y fue víctima de un atentado con un artefacto explosivo en su domicilio, lo cual --afirmó-- denunció públicamente.
Por ello, hizo un llamado a Salomón Jara para que revise las fuentes de información utilizadas para realizar sus acusaciones, al considerar que podrían contener datos “defectuosos o sesgados”.