¿Cómo llegamos a una escena tan dantesca? El Senado como sepulturero de la carrera judicial de 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito a causa del capricho de un sólo hombre. ¿Cómo fue posible una malversación tan descarada de la insaculación? Históricamente, el sorteo ha fungido como un mecanismo diseñado para poner el azar al servicio de la rotación del poder, una vía para alcanzar la antigua isonomía donde todos los ciudadanos podemos gobernar y ser gobernados; no obstante, lo que vimos este fin de semana fue una vulgar guillotina capaz de negar el fundamento esencial de la República: la integridad de los derechos adquiridos.
El escándalo, que claramente está cosechando muchos aplausos –pues no faltan abogados resentidos que nunca pasaron “del corredor” y propagandistas a sueldo–, no es una falla en el proceso, sino la consecuencia más extrema del mismo. La historia del Poder Judicial en el México del siglo XX, desde la reforma de Emilio Portes Gil en 1929 hasta la de Ernesto Zedillo en 1994, la misma que hoy están desmantelando, está plagada de intentos cada vez menos disimulados para sustituir la carrera judicial por el control político de quien ejerce el control de constitucionalidad.
La gran ruptura de ese proceso, que hoy es causa del escándalo de nuestro tiempo, consiste en el disciplinamiento de la judicatura a través de las urnas, es decir de la suplantación del principio aristocrático por el principio popular, por cierto, punto culminante de un Estado sin Derecho
Los síntomas fueron claros desde el principio, pero muchos no quisieron verlos. En mi columna “La Corte del pueblo”, publicada el 1º de octubre de 2020, en el contexto de la consulta para juzgar a los expresidentes, ya proyectaba la línea del momento:
«Negar su naturaleza conservadora y dejar al descubierto su debilidad frente a la injerencia presidencial convertirán su espíritu aristocrático, la única fuente de su legitimidad, en su mayor enemigo interno: la SCJN se diseñó para aniquilar los humores populares en defensa de los valores de la República y el Derecho; ¿qué tan conscientes serán los ministros que mañana le otorgarán constitucionalidad a la consulta de que le están abriendo las puertas de la Judicatura a una forma de gobierno pro tempore que nada tiene que ver con el mérito y la inamovilidad?»
Tres años después, cuando la gresca entre Norma Piña y López Obrador estaba al rojo vivo por el Tren Maya, la militarización de la seguridad pública y los fideicomisos de los trabajadores del Poder Judicial, en mi columna “Recorte a la Corte”, publicada el 24 de octubre de 2023, aseguraba que:
«Detrás de cada resolución las huestes lopezobradoristas se plantaron a las puertas de la Corte, exigiendo que el pleno actuara conforme a la democracia y no al Derecho. Y, hasta cierto punto, el reclamo lleva la razón por el mango: si con la consulta para juzgar a los expresidentes los ministros reaccionaron popularmente, ¿por qué no debían hacerlo con el Tren Maya o con la reforma electoral de López Obrador?»
«No obstante, el daño está hecho. Andrés Manuel, aprovechándose de la precarización educativa de su base electoral, ha logrado poner a la Corte tras las trancas del pueblo pues hoy, millones junto con él, aseguran que los trabajadores del Poder Judicial salieron a las calles a “defender sus privilegios” en vez de sus derechos. ¿Sabrá alguno de estos adictos al discurso presidencial que el poder que hoy flagelan es el único que podría salvarlos de una arbitrariedad gubernamental?»
Algún día lo sabrán, cuando lo que quede de sus derechos estén a merced del criterio de alguien que, gracias a una tómbola, se convirtió en “su señoría” del bienestar.