Diputados aprueban en lo general reforma que restringe doble nacionalidad para Presidencia, gubernaturas y Jefatura de Gobierno

Nación miércoles 23 de septiembre de 2026 - 09:24

Claudia Bolaños

La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, la reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer el requisito de nacionalidad única a quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El dictamen, enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece que las personas que busquen alguno de estos cargos deberán ser mexicanas por nacimiento y no poseer otra nacionalidad al momento de solicitar su registro. En caso de contar con una segunda nacionalidad, deberán renunciar a ella conforme al procedimiento establecido en la Ley de Nacionalidad.

La reforma no elimina el derecho de los mexicanos a tener doble nacionalidad para otros efectos. La restricción se concentra en quienes pretendan encabezar el Poder Ejecutivo federal, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno capitalina. También establece que, durante el ejercicio del cargo, no podrán adquirir o solicitar otra nacionalidad, utilizar pasaportes o documentos de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos derivados de otra nacionalidad ni solicitar protección diplomática de otro Estado.

El régimen transitorio plantea que las nuevas disposiciones sean aplicables a partir del proceso electoral de 2028 y que no afecten a quienes actualmente ocupan alguno de esos cargos. El dictamen todavía debe concluir su proceso legislativo en la Cámara de Diputados y posteriormente pasar al Senado.

Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy Rangel, defendió el proyecto y sostuvo que la nacionalidad única sería un requisito específico para quienes aspiren a encabezar los poderes ejecutivos federal y estatales. Explicó que la propuesta no modifica el derecho general a contar con doble nacionalidad, sino que establece condiciones particulares para quienes pretendan ocupar esos cargos.

Desde el PT, Vanessa López Carrillo respaldó el dictamen y argumentó que quien tenga a su cargo la conducción del Estado debe mantener un vínculo jurídico y político inequívoco con México. En tanto, legisladores de Morena defendieron que la medida busca establecer reglas claras para quienes encabecen los poderes ejecutivos.

La oposición cuestionó la reforma. En tribuna, el diputado del PRI Theodoros Kalionchiz De la Fuente anunció que su bancada votaría en contra al considerar que la medida restringe derechos relacionados con la identidad y la participación política.

Kalionchiz recordó que en 1996 la Cámara de Diputados aprobó reformas constitucionales para reconocer la doble nacionalidad y sostuvo que aquella modificación permitió a mexicanos residentes en otros países conservar su vínculo jurídico con México sin tener que renunciar a sus raíces.

El priista cuestionó que tres décadas después se pretenda establecer una condición distinta para quienes quieran acceder a la Presidencia, las gubernaturas o la Jefatura de Gobierno. También citó como antecedente la llamada “Ley Taibo”, mediante la cual se modificaron requisitos para que Paco Ignacio Taibo II pudiera dirigir el Fondo de Cultura Económica, y cuestionó que en ese caso se flexibilizaran requisitos relacionados con la nacionalidad mientras ahora se propone una restricción para cargos de elección popular.

El diputado sostuvo que la nacionalidad no debe utilizarse como condición para limitar el derecho a ser votado y acusó a la mayoría legislativa de establecer un trato diferenciado entre mexicanos con una y dos nacionalidades.

Por el PAN, legisladores también cuestionaron el dictamen y plantearon que, en lugar de una prohibición amplia, se analizara una alternativa basada en la renuncia temporal o voluntaria a una segunda nacionalidad para quienes busquen la Presidencia de la República.

La discusión se trasladó después a los artículos reservados; una vez agotada la discusión y votación en lo particular, la reforma constitucional deberá continuar su proceso en el Senado.