Develan gran estafa judicial y notarial

Puebla domingo 19 de junio de 2022 - 21:29

En la trama participan la juez Amada María Teresa Márquez Bermúdez, la empresa de seguridad Centimex SA de CV, un falso vendedor, un comprador y un Notario de Tlaxcala

Por Guadalupe Juárez

María Teresa Viniegra Luna tiene 80 años de edad y los últimos siete años de su vida ha tenido que enfrentar un proceso legal complejo, difícil y a contracorriente para intentar recuperar un terreno que vendieron a su nombre con un poder legal falso.

Cuando ya casi había logrado recuperarlo, apelaron una sentencia a su favor, y la juez a cargo del caso avaló la venta de su predio, aun cuando probó que el documento era falso.

Por lo anterior, María Teresa denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a la juez primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Amada María Teresa Márquez Bermúdez, quien es acusada de delitos cometidos en la Administración de Justicia.

“Desde sus inicios se caracterizó por una serie de irregularidades como que en algún momento fue caducado legalmente, que quiere decir que lo dejaron sin efecto. Esa caducidad fue en su oportunidad levantada, ganamos su caducidad, luego el trámite del asunto en un primer momento, en 2018 se le dio la razón a esta persona, se fue a apelación, se repuso el procedimiento y ahora tenemos una sentencia totalmente inusitada”, declaró a ContraRéplica Puebla, Herminio Cano Benítez, uno de los representantes legales de María Teresa.

Proceso legal

Todo inició en marzo de 2015, cuando María Teresa inició un litigio contra Antonio Díaz Jiménez, a quien supuestamente había entregado un poder para realizar operaciones de compra y venta de un terreno de más de 10 mil metros, conocido como Llano Grande, ubicado en San José Zacatepec, Huejotzingo.

El predio es el patrimonio de María Teresa, un respaldo económico para su vejez, al ya no trabajar.

Sin embargo, Antonio Díaz con el poder falso lo habría vendido, lo que involucraba a otras personas a quienes la víctima demandó como a Martín Xiconténctatl Martínez que apareció como comprador y a Francisco Javier Fuentes Sánchez, así como a la empresa Centimex, quienes tenían en su poder el predio.

También involucró al notario público número uno de Ocampo, Tlaxcala, donde supuestamente se encontraba el poder, y al registrador público de la propiedad y del comercio del distrito judicial de Huejotzingo.

En el proceso legal el 9 de octubre de 2015 le decretaron caducidad, lo cual su defensa revocó en febrero de 2016. Entre las pruebas y alegatos, no le permitieron hacer pruebas periciales en grafoscopía sobre la firma de María Teresa.

“Un sobrino de ella, con otras personas, le falsificaron la firma en varios documentos. Sin embargo, en el caso concreto se utilizó un poder para vender el inmueble de esa mujer anciana, reitero, de 80 años, y que cuando nosotros durante el procedimiento buscamos ese poder, resulta que ese poder no existe”, agregó Cano Benítez.

Por ello, lo único que comprobaba que ella no quería vender su predio era el documento falso, el cual no fue hallado en la notaría público número uno de Ocampo, Tlaxcala, de donde se consignaba que había surgido.

El 7 de septiembre de 2018 hubo una sentencia favorable para María Teresa, en ella se avalaba que no existía el poder con el que vendieron su predio a su nombre, y se ordenaba la nulidad de las transacciones hechas con ese documento.

Sin embargo, el 23 de enero de 2019, Francisco Javier Sánchez apeló la sentencia, por lo que se abrió otro proceso, el cual finalizó el 23 de mayo de 2022 con una sentencia desfavorable para María Teresa, en la que la juez determinó que no había sido probado que no existiera el poder, y así avaló la venta del predio.

Van contra una juez de Huejotzingo

Herminio Cano Benítez, uno de los representantes legales de María Teresa, explicó que la juez justificó su decisión al señalar que el no encontrar el documento donde se señala que está, no significa que no existe o que es ilegal.

“La verdad de las cosas es que aunque esa constancia existe, la juez (Amada María Teresa Márquez Bermúdez) dice no, es que tú no me estás demostrando que no existe el documento, ¡claro que se está demostrando!, fuimos donde debería de estar —no puede estar en otro lugar— y no está”, agregó el abogado.

Para él, este tipo de actos no sólo se refleja en el caso de María Teresa, sino de la población que tiene que luchar con este tipo de criterios y que podrían constituir en un delito.

En la situación de María Teresa el delito se puede cometer, al fallar contra constancia, es decir que la juez dictó una sentencia contraria a los documentos que se establecen en el expediente, al demostrar que el poder es inexistente, que nunca se firmó y lo cual no tomó en cuenta.

En el artículo 421 del Código Penal de Puebla en la fracción VI se establece que un delito contra la procuración y administración de justicia se presenta cuando se dicta una sentencia definitiva a sabiendas que violan la ley o al ser contrarias a las actuaciones seguidas en juicio sin ningún motivo justificado.

Y aunque lo usual es que la víctima recurra a promover a más recursos para ir a otras instancias judiciales, para no abrir otro frente judicial costoso, tortuoso y complejo, para María Teresa y sus abogados es necesario visibilizar este actuar de los jueces, por lo que procedieron contra la jueza.

“Creo que las cosas deben de denunciarse y dar a conocer a la opinión publica que esto se puede y se debe de hacer, porque en la medida que nosotros busquemos que los funcionarios se apeguen lo más posible a la norma, más allá de la posibilidad de errar, pero que se apeguen a la norma y a lo que hay y al caudal probatorio, vamos a tener una mejor administración de la justicia”, dijo.

En este sentido, pidió a las autoridades que tendrán el caso en sus manos a sensibilizarse no sólo en lo que le pasó a María Teresa, sino en los demás donde hay una violación a la ley evidente y clara, lo cual consideró además de corregir estas prácticas, ayudará a eliminarlas.

Foto: Especial