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Demora Comuna en atender conflicto ejidal y lo hace mal

Demora Comuna en atender conflicto ejidal y lo hace mal

Puebla martes 14 de septiembre de 2021 - 23:48

Emiten dictamen con vicios e inconsistencias que permitirían a quien llevo a cabo el acto ilegal, ampararse y echar abajo el resolutivo.

Por Iván Rivera

Hace más de dos años, 455 ejidatarios de La Resurrección lograron lo que parecía imposible: recuperar 170 hectáreas que les fueron despojadas durante el morenovallismo para construir casas para trabajadores de la educación, a través de un sujeto que dijo llamarse Carlos Juárez Camacho.

La justicia federal determinó la legítima propiedad y ordenó al Ayuntamiento de Puebla inscribir a los campesinos ante la Dirección de Catastro. Pasó el tiempo y en la Comuna no había respuesta.

Eso provocó que los ejidatarios salieran de su pueblo el 10 de marzo de 2020 para exigir a Miguel Barbosa Huerta su ayuda.

El mismo gobernador salió a atenderlos personalmente. Se instaló una mesa de trabajo y, al final, todo llevó a que la gestión riverista debía cumplir con su parte.

18 meses después de la movilización, el gobierno municipal ha intentado dar una solución al conflicto, pero lo hizo todo mal.

Su propuesta fue, por decir lo menos, desinformada y contiene graves vicios de ilegalidad. En la Comisión de Patrimonio y Hacienda del Cabildo de Puebla, este martes los regidores del PRI y Por Puebla Al Frente, Silvia Tanús Osorio y Jacobo Ordaz Moreno, respectivamente, evidenciaron la realidad: sus homólogos de Morena presentaron un dictamen para restablecer las cuentas prediales y claves catastrales de 62 pobladores, pero sin la certeza de que sean los legítimos propietarios.

En apariencia, parecería que se logró un avance en la restitución de predios a familias afectadas.

Sin embargo, el dictamen señala que son sólo 62 las personas afectadas, cuando en realidad fueron 455 campesinos despojados en 2018. A decir del director de Catastro municipal, Juan Manuel Fragoso Fuentes, ni siquiera él tiene certeza sobre los expedientes de los 62 pobladores de La Resurrección.

“Suponemos que sí lo tienen (documentación comprobatoria), pues están dados de alto en Catastro, yo personalmente no he visto los expedientes”, reconoció. Por si esto fuera poco, el burócrata identificó más problemas en la propuesta: sin una notificación previa hacia Carlos Juárez Camacho –el sujeto que obtuvo de forma ilegal el título de propiedad de las 170 hectáreas- podría ampararse y echar abajo el resolutivo.

Además, lo que los regidores no identificaron es que Carlos Juárez sería acreedor a la restitución de sus pagos realizados por concepto de impuesto predial y la Comuna tendría que condonar cobros a los propietarios originales que durante estos cuatro años generaron recargos.

Pero, la regidora del PRI fue más allá para evidenciar la sarta de anomalías cometidas y la desinformación que priva en el caso.

De entrada, dijo que, desde la elaboración, el dictamen incluyó anomalías y fue presentado incompleto, pues en los antecedentes no expusieron los juicios legales que se han llevado a cabo para poder restablecer las cuentas prediales a los 62 afectados.

Tanús Osorio lanzó un dato más: Sólo 26 de los 62 propietarios a los que la Comuna busca restablecer sus cuentas prediales y claves catastrales, acreditaron ser poseedores dentro de las 170 hectáreas, por lo que los regidores que aprobaron dicho dictamen podrían ser acreedores a procesos legales en caso de restablecer cuentas a personas ajenas a la comunidad.

“Después de escuchar al director de Catastro, ya me preocupé más, mi voto es en contra porque no quiero enfrentar demandas judiciales. Solamente acreditaron 26 propietarios, lo dejo como dato, y además las cuentas (prediales) están bloqueadas, por lo tanto ni deben unos ni el señor (Carlos Juárez) ha pagado nada, eso me dice que el director de Catastro no está bien empapado del tema”, sostuvo la cabildante.

Al pronunciamiento se sumó Jacobo Ordaz Moreno, quien argumentó que hasta que no exista una resolución judicial definitiva sobre la situación del predio, el proceso para devolver derechos a los ejidatarios sería ilegal.

“Es un tema del que no están bien informados, aquí hay un juicio, hay una sentencia y para poder dar seguimiento, las personas tienen que acreditar la posesión de la propiedad y tiene que haber una sentencia, nosotros no podemos ir en contra de lo que la sentencia ya nos dictó. Primero que se pueda analizar en mesa de trabajo, no es un tema para discusión, estamos actuando de forma ilegal y va a costar un problema administrativo” Pese a los señalamientos, el dictamen fue aprobado con cuatro votos a favor y dos en contra, por lo que será en el Cabildo de Puebla donde se dirima el tema tras cuatro años de litigios de los pobladores.

BREVE HISTORIA

En cualquier historia de despojo, hay una figura de poder responsable. En el caso de la junta auxiliar ubicada al nororiente de la ciudad, lo es María Luisa Sánchez de Ita, exdirectora del Registro Catastral quien presuntamente permitió que Carlos Juárez Camacho se hiciera del terreno para venderlo a la empresa Inmobiliaria Financiera SA de CV.

El problema de raíz fue que, Carlos Juárez Camacho -presunto prestanombres del exgobernador Rafael Moreno Valle- obtuvo el título de propiedad de estas 170 hectáreas de terreno cuando en realidad, ubicaba su propiedad en un terreno entre la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, y los estadios del municipio.

Con el despojo, los pobladores no solo perdieron un pedazo de tierra, sino su sustento pues en estos campos siembran maíz, sin mencionar que una parte del terreno sería destinado para la construcción de un panteón municipal.

El despojo, la inacción de las autoridades municipales para ayudarlos y el paso del tiempo sin acceder a la justicia, los ejidatarios tomaron la decisión de acudir a Casa Aguayo el 10 de marzo del año pasado para demandar la intervención del gobernador.

Los campesinos cerraron vialidades con sus tractores y se arremolinaron en la explanada de la vieja casona, en donde se celebraba la Jornada de Atención Ciudadana. Miguel Barbosa Huerta salió del edificio para atenderlos personalmente.

Allí, el mandatario advirtió que en caso de que no hubiera justicia para los campesinos, su gobierno estaba dispuesta a expropiar las 170 hectáreas para regresarlas a sus legítimos propietarios.

La resolución tomada por los regidores de la Comisión de Patrimonio y Hacienda del municipio parece que no ha dejado otra salida

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HG/CR

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