Por: Mario Galeana
JOSÉ EMANUEL VITAL CASTILLO era casi
tan joven como los tres universitarios a los que llevaría del Carnaval de Huejotzingo a Puebla. Tenía 28 años, jugaba futbol y, antes de enrolarse como conductor de Uber se dedicaba a la carpintería.
Su asesinato despertó una pequeña
protesta encabezada por otros conductores que trabajan para empresas de transporte privado a través de apps.
Cuando no son agredidos o asaltados
por una banda delictiva, son amenazados y perseguidos por taxistas tradicionales que resguardan sus plazas.
Sin embargo, la seguridad en este
nuevo tipo de empresas de transporte encierra una dualidad: por un lado, la vulnerabilidad de sus conductores; por otro, la falta de mejores sistemas de evaluación permite que algunos de ellos terminen por cometer actos delictivos.
El caso más representativo es el de
Ricardo Alexis N., conductor de Cabify procesado por presuntamente haber secuestrado y asesinado a la estudiante
Mara Castilla la noche del 8 de septiembre de 2017. De hecho, entre 2017 y 2018, al menos 13 conductores de Uber se vieron involucrados en delitos como robo a casa-habitación y narcomenudeo.
Otro caso que adquirió relevancia
fue la detención de Benjamín N., El Benji, quien fue detenido a mediados de mayo por dirigir una banda de ladrones de casas. Era conductor de Uber, pero la empresa alegó que fue dado de baja desde diciembre de 2017.
Ese mismo año, el entonces secretario de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, Manuel Alonso, dijo que 10 conductores habían sido detenidos
por distintos delitos. Para 2018, un informe policial reveló que tres choferes más habían sido apresados.
Al margen de estos actos, los conductores también han sido víctimas. De múltiples formas y en zonas distintas.
En medio de estos hechos se inscribe
el asesinato de Vital Castillo, cuyo móvil pudo ser el robo del vehículo que conducía, según la Fiscalía General del Estado.