Barbosa reprocha mal desempeño de Fiscalía y el Poder Judicial

El gobierno de Puebla respaldará legalmente a Miriam Vázquez, quien tras acusar a su ex pareja Ramón N., de violar y embarazar a su hija Andrea, cuando tenía 14 años de edad, ha sido víctima de abusos, tráfico de influencias y amenazas.

Este lunes, el gobernador Miguel Barbosa Huerta recibió en Casa Aguayo a Miriam Vázquez Vázquez y a su abogada, Alejandrina Mendoza Palacios, a quienes ofreció el apoyo institucional de su administración en esta “historia de vejaciones”.

El mandatario reprochó que el Poder Judicial haya reclasificado el delito de violación como estupro, bajo el argumento de que Andrea está por cumplir la mayoría de edad, pues dijo que cuando ocurrieron los hechos ella tenía 14 años, y esa es la edad que se tendría que tomarse en cuenta en el proceso penal.

“Me dirijo al Poder Judicial, a su Consejo de la Judicatura, para pedirle que asuma la investigación de este y muchos otros casos”, dijo el gobernador y agregó: “quiero decirle al Poder Judicial que el victimario tiene 48 años, y la víctima, cuando ocurrieron los hechos, tenía 14, hoy tiene 16, 48 años tiene el animal”.

Señaló que el Poder Judicial intuye que las relaciones sexuales entre la menor y su padrastro fueron consentidas, pero afirmó que todas fueron violaciones violentas.

Barbosa Huerta recriminó que en el proceso que inició Miriam Vázquez no haya sido atendida con la debida diligencia por funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el distrito de Huauchinango, de donde es originaria.

A ello sumó que Miriam también fue abusada sexualmente por el asesor que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeavi) Puebla le designó.

“No es posible que se hilen tantas bajezas, cosas horribles y que ahora se vea al violador de la niña de 14 años en libertad, bajo argumentos de tres años de diferencia de edad y que fueron relaciones consentidas”, apuntó.

Barbosa Huerta reiteró que las afectadas recibirán todo el apoyo institucional y legal del Estado, además manifestó su preocupación por la actuación de los jueces que al parecer “no está ajustada solamente a la Ley”.

Miriam Vázquez afirmó que teme por su vida, ya que su ex pareja la ha amenazado de muerte de forma directa, al tiempo dijo que su caso está plagado de corrupción y que son varias las personas que han cometido irregularidades, entre ellas señaló a las licenciadas Gloria Báez, Hilda Marina Bonilla y Hugo Israel Pineda de la Fiscalía de Violencia de Genero con quienes desde el principio se acercó, pero no levantaron las denuncias oportunamente.

“Tengo miedo porque sé que estoy en peligro, el miedo a haber encontrado a mis hijas y quizá no estar para ellas, temo por mi vida porque han sido directas las amenazas de Ramón, él siempre me ha dicho que prefiere tener a sus hijas sin madre a que yo termine este proceso”, acotó.

Asimismo, denunció que Mario Ocelote Gómez, asesor del Ceeavi, la violó el mismo día en que lo conoció y le llevó algunos documentos para que la ayudara a buscar a sus hijas.

“Él estaba tomando algo, creo que era una bebida embriagante porque me dijo ‘si mis jefe supieran de esto sería sancionado’, yo seguía en lo mío llevaba todo lo que tenía de la sustracción de mis hijas, me ofreció en varias ocasiones jugo o lo que quisiera, después de tres horas de que me estuvo preguntando (del caso) le recibo un poco de jugo que él me dio, en ese momento me empecé a sentir mal, le pido ir al baño, cuando algo del baño él ya estaba ahí, recuerdo muy poco pero cuando reacciono él estaba violándome”, narró.

Miriam Vázquez también acusó que el juez Celestino Martínez Bones ha intervenido en todo el proceso para ayudar a al presunto responsable, Ramón N., porque es su hermano, además que habría usado sus influencias en Huauchinango para que ella fuera reprimida.

Explicó que el juez penal de Huauchinango, Lucio León Mata reclasificó el delito de violación y sólo imputó a su ex pareja, Ramón N., por estupro, dejándolo en libertad condicional.

Comentó que fue en la audiencia del pasado 18 de agosto cuando volvió a ver a Ramón N., quien el 13 de marzo que sustrajo de su domicilio a sus hijas Jimena y Andrea, así como a la bebé que procreó con la adolescente.

Señaló que en la audiencia que duró tres horas, el caso fue representado por el licenciado Víctor Sánchez Martínez, quien no tenía conocimiento de la carpeta de investigación.

Por ello, dijo que buscó al gobernador Miguel Barbosa y afirmó que después de haber hablado vía telefónica con él, “la atención y las formas fueron diferentes”, pues ahora sí ha recibido un trato digno, después de andar de “un lado a otro”.