Avalan hasta 6 años de cárcel a ediles que contraten a policías sin certificación

En comisiones, el Congreso de Puebla aprobó sancionar hasta con seis años de prisión a los alcaldes que contraten a policías que no estén certificados; así como siete años de cárcel a las personas que acepten el empleo sin contar con los registros correspondientes.

Este miércoles durante sesión, diputados de las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Asuntos Municipales dieron luz verde a la iniciativa que fue enviada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta la semana pasada.

La propuesta del mandatario plantea modificaciones al Código Penal del Estado para evitar la contratación de policías municipales que guarden posibles vínculos con grupos delincuenciales, tras los hechos ocurridos en Chingnahuapan y Tulcingo De Valle.

En un primer punto, el dictamen establece que incurrirán en el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal aquellos servidores públicos que contraten, propongan, designen o nombren a personal de las instituciones policiales sin que cumplan los requisitos del Certificado Único Policial.

El mismo criterio se aplicará a quien omita separar del cargo a las personas que no cuenten con el certificado y registros establecidos en la Ley de Seguridad Pública Estatal, por lo que serán sancionados de 6 meses a 6 años de cárcel; así como multas de 20 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

En un segundo punto, se adiciona el Artículo 18 para imponer de 3 meses a 7 años de prisión y multas de 1 a 10 UMAs a las personas que acepten el empleo, cargo o comisión de policía municipal sin contar con el Certificado Único Policial y registros vigentes.

Además, los legisladores acordaron incluir un artículo transitorio para estipular que los Ayuntamientos tendrán un plazo de 90 días para realizar un diagnóstico sobre la certificación de sus elementos de seguridad, con la finalidad de ponerse al corriente con ello.

Tras su aprobación en comisiones, las reformas serán discutidas y votadas por el Pleno del Congreso local durante sesión ordinaria el próximo 8 de diciembre.

La propuesta del gobernador Miguel Barbosa fue motivada por los recientes casos ocurridos en Chignahuapan y Tulcingo De Valle, donde se reportó el homicidio de policías municipales que habrían estado relacionados con grupos delincuenciales.

El 4 de noviembre, se registró un ataque armado que dejó como saldo dos elementos de seguridad sin vida, en el municipio de Chignahuapan.

Días después se dio a conocer que una de las víctimas, identificada como Juan Carlos N, contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado.

El segundo caso se suscitó el 21 de noviembre en Tulcingo de Valle, donde el comandante de Seguridad Pública, Maurilio N, fue ejecutado después de confesar su responsabilidad en el homicidio de cuatro personas del municipio.