Asestan nuevo golpe a Derbez y a los Jenkins; Ríos Piter y nuevo patronato siguen firmes

La Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa ordena la medida cautelar

Por Mario Alberto Mejía e Ignacio Juárez

El exrector Luis Ernesto Derbez Bautista, el clan Jenkins de Landa y los abogados de ellos más tardaron en cacaraquear la pírrica suspensión provisional que un secretario de juzgado federal les otorgó, en que el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado de Puebla impusiera una dura medida cautelar que ordena al patronato de la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla y el rector Armando Ríos Piter se mantengan al frente de la operación, administración y control de la casa de estudios.

La Cuarta Sala Unitaria del TJA dio entrada a un recurso que presentó la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Social en el estado de Puebla para dejar sin efecto el aval de los directivos de ese organismo, en tiempos del gobernador Rafael Moreno Valle, para modificar los estatutos de la Fundación Mary Street Jenkins que derivó en el saqueo de 630 millones de dólares (12 mil 336.9 millones de pesos) que fueron enviados a paraísos fiscales.

El juicio de lesividad, explicó Guillermo Barradas Cendón, representante legal de la Junta para el Cuidado, obedece a que la estrategia avalada por el morenovallismo permitió que sólo 90 millones de dólares (mil 790.8 millones de pesos) se consideraran como el patrimonio inicial que dio vida a la Fundación Jenkins, monto que no debe ser utilizado, transferido o aprovechado para otras cosas que no sean actos de filantropía.

En ese momento -abundó el abogado que logró la condena de Billy Álvarez por defraudar a la Cooperativa Cruz Azul- el patrimonio de la fundación era de 720 millones de dólares (14 mil 326.8 millones de pesos), a los cuales se le restaron los 90 millones que quedó como patrimonio base.

Los 630 millones de dólares restantes fueron transferidos, primero, a la Fundación Bienestar de la Filantropía y, posteriormente, a la Fundación para el Desarrollo Latinoamericano, la cual estableció en su cláusula cuarta que el dinero sería repartido entre Sofía de Landa y otros cinco miembros de la familia Jenkins de Landa. El dinero saqueado pasó de México a Barbados y de ahí a Panamá, en donde opera actualmente la Fundación para el Desarrollo.

LA SIMULACIÓN

El pasado viernes, la Fundación Mary Street Jenkins dio a conocer que la justicia federal ordenó la restitución “a favor del legítimo patronato y autoridades de la Udlap. Esta resolución desconoce al patronato ilegal y el nombramiento de un rector interino, ordenando la devolución del campus y el desbloqueo de cuentas bancarias”.

A través de un comunicado, asentó que “de acuerdo con lo establecido en la resolución, el único rector legalmente reconocido es Luis Ernesto Derbez Bautista, quien en conferencia de prensa destacó que esta resolución representa un acto de justicia a favor de la comunidad Udlap”.

Sin embargo, Rodrigo Gurza Cárdenas, representante legal del nuevo patronato de la Fundación Udlap, desmintió la especie al afirmar que Armando Ríos Piter continúa como rector de la institución y anunció que la decisión del Juzgado Tercero de Distrito sería recurrida ante un tribunal administrativo de la justicia federal para echarla abajo debido a que se incurrieron en una serie de irregularidades.

Al respecto, Guillermo Barradas explicó que Félix Bautista Salazar, el abogado que presentó el recurso de amparo no sólo carece de la facultad legal para ostentarse como representante de la Fundación Udlap sino que está siendo investigado por el delito de encubrimiento al supuestamente ayudar a la familia Jenkins de Landa para que no se ejecutara la acción penal por parte de la Fiscalía General de la República.

A Bautista Salazar, abundó, desde el mes de mayo se le revocó el poder legal que tenía para representar a la Fundación Udlap, por lo que estaría incurriendo en un nuevo delito al promover el juicio de amparo que derivó en la suspensión provisional.

Guillermo Barradas refirió que la resolución a favor de los Jenkins está plagada de irregularidades, pues fue otorgada por el secretario de Juzgado, e incluye alcances de sentencia y asume un principio restitutorio lo que es ilegal porque hay un amparo que debe resolver el fondo del asunto.

Ante esa situación, dijo que presentaron un recurso de revisión el cual podría ser resuelto el próximo jueves, además de iniciar una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura Federal contra el secretario del juzgado por extralimitarse en sus funciones.

EL REVÉS

Barradas Cendón reveló que el viernes 16 de julio, la Cuarta Sala Unitaria del TJA dio entrada a un juicio de lesividad presentado por la Junta para el Cuidado para echar abajo la decisión de los directivos morenovallistas de avalar el cambio de los estatutos de la Fundación Jenkins que fue la puerta para el saqueo de 12 mil 336.9 millones de pesos que formaban parte del patrimonio de esa institución y terminaron en manos de particulares: los integrantes del clan Jenkins de Landa.

Al aceptar el recurso, la Cuarta Sala dictó una serie de medidas precautorias siendo la principal que la situación de la Fundación Udlap quede como se encuentra hasta el momento, es decir, que el nuevo patronato y el rector Ríos Piter sigan al frente de la operación y administración de la casa de estudios.

Incluso advirtió que esta medida se contrapone a la suspensión provisional dictada por el juez federal, pero irá al fondo del problema: que la entonces autoridad provocó un daño a la entidad al autorizar el cambio de los estatutos de la Fundación Jenkins.