El Centro Fray Julián Garcés ha detectado que textileras pequeñas son propiedad de vecinos, por lo que sería necesario el apoyo gubernamental para tratar sus aguas residuales
Por Guadalupe Juárez
La directora del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C, Alejandra Méndez Serrano, consideró que las sanciones contra empresas textileras que contaminan el río Atoyac todavía no alcanzan a las "grandes trasnacionales", las cuales, a pesar de los recursos que tienen, no son clausuradas.
En entrevista con ContraRéplica Puebla explicó que, aunque las pequeñas empresas textileras también contaminan, no tienen los recursos suficientes para tratar sus descargas residuales y estarían en riesgo de desaparición, ya que han detectado en reportes hemeográficos, que son las más sancionadas.
Por lo tanto, Méndez Serrano consideró que se tiene que hacer un diagnóstico a las empresas que contaminan la cuenca, pues las sustancias que han encontrado en el afluente no sólo son generadas por las textileras, sino también por proveedoras de autopartes e inclusive Petróleos Mexicanos (Pemex) y hasta los ladrones de combustible, cuando ocasionan las fugas en tomas clandestinas y que llegan al cauce del río.
"Creemos que debe de haber un diagnóstico, y en ese sentido un plan integral de saneamiento para medir todo lo que se está desechando, sobre todo en estas pequeñas (textileras), en las grandes se tienen que tratar sus residuos líquidos, como sólidos y atmósfericos, así pueden hacerlo, porque tienen a capacidad", dijo.
El Centro Fray Julián Garcés ha detectado que las empresas textileras pequeñas son propiedad de vecinos de las propias comunidades que dan empleo a los pobladores de las mismas, por lo que sería necesario el apoyo gubernamental para que logren tratar sus aguas residuales y ya no contaminen.
"Nosotras, dentro de la recomendación proponemos que esta industria local que son muy precarias, que no se compara con la industria a nivel grande, estas lavanderías son incapaces de cumplir con el tratamiento de agua residual", agregó.
Para Méndez Serrano se necesita un programa de apoyo económico y de asesoría técnica que tiene que asumir el gobierno, no sólo de Puebla, sino en Tlaxcala en coordinación con la federación.
Ya una vez que tratan su agua, lo ideal —indicó— es que sea utilizada de nueva cuenta para sus nuevos procesos y no sea regresada a pozos o lugares para consumo de los pobladores.
Además, reiteraron que uno de los problemas es que las plantas tratadoras son biológicas, por lo que sólo tratan descargas de origen doméstico, por lo tanto, no son de utilidad cuando se habla de saneamiento.
En ese sentido, insistió en que lo ideal es hacer el diagnóstico y basado en este, coordinarse entre gobiernos para trazar un plan de saneamiento.
El Centro Fray Julián Garcés es una de las organizaciones que impulsó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual emitió la recomendación 10/2017.
Foto: Especial