Un grupo de 21 empleados federales del sector tecnológico presentó su renuncia el martes al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), liderado por Elon Musk, asesor del presidente Donald Trump. En una carta conjunta, los trabajadores manifestaron su negativa a emplear su conocimiento técnico para “desmantelar servicios públicos indispensables”.
En la misiva, obtenida por The Associated Press, los exfuncionarios señalaron que su compromiso era con el pueblo estadounidense y la Constitución, sin importar la administración en turno. Sin embargo, afirmaron que ya no era posible seguir cumpliendo con esos principios.
Asimismo, alertaron sobre la presencia de ideólogos políticos entre los reclutados por Musk para reducir el tamaño del gobierno federal.
Según los renunciantes, muchos de estos nuevos integrantes carecen de la experiencia y habilidades necesarias para la tarea encomendada.
La salida de estos ingenieros, científicos de datos y gerentes de producto supone un obstáculo temporal para Musk y los esfuerzos de la administración republicana por reestructurar la fuerza laboral federal a través de la tecnología. Además, se suma a diversas impugnaciones judiciales que han intentado frenar la eliminación de puestos o la presión sobre empleados gubernamentales para abandonar sus cargos.
Hasta la mañana del martes, la Casa Blanca no había emitido comentarios al respecto.
Los empleados que renunciaron pertenecían a la oficina anteriormente conocida como el Servicio Digital de Estados Unidos (USDS, por sus siglas en inglés), creada durante la administración de Barack Obama para mejorar la infraestructura tecnológica gubernamental tras los problemas con el lanzamiento de Healthcare.gov.
Provenientes de empresas como Google y Amazon, estos especialistas se unieron al gobierno por vocación de servicio público. No obstante, según la carta, la llegada de Musk trastocó su misión.
Relataron que, un día después de la toma de posesión de Trump, fueron convocados a entrevistas con individuos que portaban insignias de visitantes de la Casa Blanca. Algunos de estos entrevistadores no se identificaron, cuestionaron la lealtad política de los empleados y parecían tener un conocimiento técnico limitado.
“Varios de estos entrevistadores se negaron a identificarse, hicieron preguntas sobre lealtad política, intentaron enfrentar a colegas entre sí y demostraron una capacidad técnica limitada”, escribieron los renunciantes. “Este proceso creó importantes riesgos de seguridad”.
A inicios de mes, unos 40 empleados de la oficina fueron despedidos, lo que, según la carta, debilitó la capacidad del gobierno para proteger y administrar sus sistemas tecnológicos.
Los renunciantes advirtieron que estos despidos ponen en peligro la seguridad y eficiencia de servicios fundamentales como Seguridad Social, atención a veteranos, declaraciones de impuestos, atención médica, ayuda en desastres y asistencia estudiantil.
“Su eliminación pone en peligro a millones de estadounidenses que dependen de estos servicios todos los días. La pérdida repentina de su experiencia tecnológica hace que los sistemas críticos y los datos de los estadounidenses estén menos seguros”, alertaron.
Tras los despidos, el DOGE integró a los empleados restantes en su proyecto de reducción gubernamental. No obstante, aproximadamente un tercio de ellos también presentó su renuncia el martes.
Los exfuncionarios dejaron claro que no participarán en acciones que vulneren la seguridad y estabilidad de los sistemas gubernamentales. “No utilizaremos nuestras habilidades como tecnólogos para poner en riesgo los sistemas gubernamentales fundamentales, exponer los datos sensibles de los estadounidenses o desmantelar servicios públicos críticos”, escribieron. “No prestaremos nuestra experiencia para llevar a cabo o legitimar las acciones de DOGE”.