Regularán cuotas en escuelas privadas

La nueva ley contempla que universidades públicas colaboren con la fiscalización de sus recursos, además de que la SEP podrá investigar quejas por aumento de cuotas en escuelas privadas.

Por: Mario Galeana

El cobro de cuotas, la retención de documentos, los planteles, el uso de nombres en las instituciones, la fiscalización de recursos… la nueva Ley de Educación para el estado de Puebla lo contempla todo e incluye a las instituciones privadas.

Hasta ahora, en los colegios de paga se habían implantado cuotas, colegiaturas y normas sin una regulación más allá de la de sus órganos de gobierno internos. De allí se explica que la promulgación de la ley tuvo en los sectores empresariales y en las universidades privadas a dos de sus principales opositores.

La relación entre la calidad educativa ofertada en estas instituciones y los altos costos de ingreso no siempre iban aparejadas.

Los costos para estudiar en la Universidad Anáhuac Campus Puebla, por ejemplo, pueden ascender a 150 mil pesos por semestre, si se consideran el cobro de créditos, inscripción y seguro médico. La Universidad Madero (UMAD), mientras tanto, ofrece planes semestrales de estudio que ascienden a los 60 mil pesos, si se incluye la inscripción y el pago de colegiatura.

La primera cuenta con el nivel máximo de acreditación otorgado por la SEP, denominada Lisa y Llana, que la reconoce como una institución de calidad. En tanto que la segunda presume una acreditación de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) y un certificado de Excelencia Académica expedido por el gobierno federal.

No obstante, ni la Anáhuac en Puebla ni la UMAD figuran en ninguno de los rankings de mejores instituciones de educación superior elaborado por publicaciones como El Universal o la revista AmericaEconomia Intelligence.

Ambas universidades fueron parte de las instituciones que, agrupadas en el Consorcio Universitario, se opusieron a la aprobación de la nueva Ley de Educación.

El Consorcio Universitario, integrado también por la BUAP, Ibero, UPAEP y UDLAP, se dijo en contra de la nueva normativa por considerar que algunos de sus planteamientos resultaban “excesivos”, pues restaba a los particulares cualquier derecho salvo el de impartir educación.

Al grupo de universidades se sumó la Coparmex, que emitió un pronunciamiento para reprochar que durante el proceso de análisis de la iniciativa presentada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta —que duró cuatro días desde su ingreso hasta su aprobación— no se haya convocado a representantes del sector educativo.

“Es imposible alcanzar excelencia y mejora continua sin escuchar todas las voces corresponsables de la educación tanto en la esfera pública como en la privada”, señaló el organismo.

Pero la ley, contra toda oposición, se impuso durante una sesión virtual de siete horas encabezada por los 41 legisladores del Congreso local.

La nueva normativa contempla que las universidades públicas colaborarán con la fiscalización de sus recursos, además de que los bienes muebles e inmuebles de todas las escuelas —incluyendo las privadas— pasarán a formar parte del Sistema Educativo Estatal.

Por otra parte, plantea que los directivos de particulares deban rendir informes, que la SEP investigue incrementos en cuotas de instituciones privadas y que no se podrá condicionar el servicio de educación por falta de uniformes o materiales.