Puebla ocupa séptimo lugar nacional en informalidad laboral: CCE

Por Guadalupe Juárez

La informalidad, los bajos ingresos y condiciones críticas de ocupación persisten como los principales desafíos del mercado laboral poblano y representan un freno en la competitividad del estado, concluye el análisis de Pulso Puebla.

Basados en los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), correspondiente al segundo trimestre del año en curso, el CCE advierte que la entidad poblana se ubica en el séptimo lugar en el país con mayor informalidad, con una tasa del 70.3 por ciento.

Además, la informalidad afecta en mayor porcentaje a las mujeres con el 72.4 por ciento en estas condiciones contra el 68.7 por ciento de los hombres, lo que asegura "evidencia una brecha de género".

Aunque es de los estados con una tasa de desocupación del 1.8 por ciento, inferior al promedio nacional de 2.7 por ciento, las condiciones laborales limitan el bienestar de la población trabajadora.

"El desafío no se limita a generar más puestos de trabajo. Mejorar la calidad del empleo, ampliar la formalidad, elevar la productividad y fortalecer el acceso a derechos laborales son factores fundamentales para que la actividad económica pueda traducirse en mayor bienestar para las familias y competitividad para Puebla", indican.

Asimismo, señala que la calidad de empleo es baja, ya que el 83.37 por ciento de la población gana dos salarios mínimos y el ingreso promedio por hora trabajada es de 53.24 pesos, cuando a nivel nacional es de 70.26 pesos.

Puebla es segundo lugar en ocupación por debajo de Chiapas con una tasa del 45.7 por ciento.

A esto se suman desafíos, dice el análisis, en protección laboral, puesto que sólo el 24.2 por ciento de las personas ocupadas tienen acceso a instituciones de salud, 40.6 por ciento cuenta con contrato escrito y solo el 49 por ciento de los asalariados dispone de prestaciones laborales.

Lo anterior, así como las condiciones críticas que afectan a casi la mitad de los trabajadores, la carencia de derechos básicos como salud, contrato y prestaciones, limitan la capacidad de las familias para mejorar sus condiciones de vida.