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El clamor de "Fuera Bullrich" resonó en una protesta frente al Congreso argentino, donde fotógrafos y camarógrafos alzaron sus cámaras en solidaridad con Pablo Grillo, periodista herido por una bala de gas en la cabeza durante la represión a una manifestación de jubilados. Policías con escopetas, pese a la prohibición de estas armas, fueron los responsables del disparo.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó la acción de las cinco fuerzas bajo su mando y calificó la protesta como "un intento de golpe de Estado". Acusó a los manifestantes de pertenecer a "patotas" y "barras bravas" y aseguró que los detenidos tenían antecedentes penales.
Bullrich intentó minimizar el ataque a Grillo, sugiriendo que podría haber sido golpeado por un objeto suelto, pese a que peritos confirmaron que el impacto fue de un proyectil directo a la cabeza.
El discurso oficial escaló al señalar a la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de 114 detenidos. El gobierno de Javier Milei anunció que la denunciará ante el Consejo de la Magistratura por "posible incumplimiento de funciones".
Entre los detenidos se encontraban personas arrestadas sin explicación y hasta menores de 12 y 14 años. Durante la represión, circularon mensajes de legisladores oficialistas que pedían "exterminar" a los manifestantes.
La jueza Andrade, en su fallo, denunció que "no se sabía a qué hora ni en qué lugar se habían producido las aprehensiones", ni los motivos concretos de cada detención.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, criticó el fallo judicial y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, adelantó que se evaluará el "posible incumplimiento de funciones" de la jueza. Bullrich también anunció la expulsión de un mexicano y una peruana detenidos en la manifestación, aunque el mexicano solo pasaba por el lugar.
Tras la violenta jornada, se registraron cacerolazos espontáneos y manifestaciones en la Plaza de Mayo que se extendieron hasta la madrugada. El apoyo masivo a los jubilados también provino de hinchas de fútbol, sindicatos y organizaciones sociales, que se encontraron con un despliegue de seguridad desproporcionado.