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Grupo Salinas, conglomerado empresarial encabezado por Ricardo Salinas Pliego, anunció que llevará su caso ante instancias internacionales, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras el rechazo del gobierno mexicano a un supuesto acuerdo fiscal alcanzado con administraciones anteriores. La empresa sostiene que dicho acuerdo fue resultado de múltiples conversaciones basadas en principios de buena voluntad y que, para ellos, un apretón de manos tiene más validez que un documento firmado.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reclama a Grupo Salinas una deuda fiscal acumulada de 74,000 millones de pesos, de los cuales 48,000 millones están en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pendientes de resolución final. Por su parte, el gobierno federal desmintió la existencia de un acuerdo previo y acusó al conglomerado de utilizar tácticas legales dilatorias para evitar el pago.
En un comunicado, Grupo Salinas expresó su intención de defenderse en tribunales internacionales, argumentando que enfrenta una "persecución sistemática" por parte del gobierno mexicano. La disputa fiscal se centra en la legitimidad de la deuda y las condiciones para su resolución, con el conglomerado buscando una solución fuera del marco legal mexicano.
Este conflicto se suma a otros problemas legales que enfrenta Salinas Pliego, incluyendo demandas en Estados Unidos por deudas comerciales y una reciente revocación de una medida cautelar que le permitía eludir el pago de una deuda millonaria en ese país. La situación ha escalado a nivel internacional, con los acreedores estadounidenses iniciando un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), argumentando abuso del sistema judicial mexicano.
La resolución de estos litigios podría tener implicaciones significativas para Grupo Salinas y su capacidad para operar tanto en México como en el extranjero.