En tres años se acabó la impunidad en Puebla

En los últimos tres años, la delincuencia ha cometido crímenes que cimbraron a la sociedad poblana, los cuales han sido resueltos, y en cuyos procesos se han develado la participación de personajes que en algún otro momento hubieran podido salir impunes.

Lo mismo han caído los asesinos más cruentos capaces de asesinar a estudiantes, como los funcionarios municipales coludidos con el crimen y hasta quienes permitían a los presos controlar un penal.

“Se acabaron los privilegios, nunca más habrá intocables por el tamaño de su riqueza o por las actividades a las que se dedican”, ha sentenciado el gobernador Miguel Barbosa Huerta en diversas ocasiones durante su gestión.

Era domingo 23 de febrero del 2020, a las 21:15 horas, tres estudiantes de medicina Ximena, José Antonio y Javier luego de pedir un taxi de aplicación, que conducía Emanuel, fueron interceptados por un grupo delictivo que les robó el vehículo y los asesinó.

El crimen de los tres estudiantes, dos de ellos de origen colombiano que habían llegado de intercambio y un joven de Veracruz, desató el enojo social de miles de estudiantes que salieron a las calles a exigir justicia.

El 24 de febrero de 2020, un día después del multihomicidio, la Fiscalía presentó a Pablo Jesús, Ángel y Lisset como los responsables. El 26 de abril de 2022, fueron condenados a 68 años de prisión.

Los padres de los tres jóvenes celebraron la decisión del tribunal de enjuiciamiento y pidieron tener confianza en las autoridades.

El viernes 19 de noviembre de 2021, y en el corazón del triángulo rojo, en Tecamachalco, tres agentes de investigación fueron asesinados por policías municipales. La primera versión del alcalde Ignacio Mier fue que confundieron al personal de la FGE con delincuentes y se trataba de un error.

El 21 de noviembre, el fiscal de Puebla develó que los policías les habían disparado directamente en la cabeza a los agentes. El director de la policía municipal de Tecamachalco, Alejandro N., y 12 policías más fueron detenidos.

El ex titular de seguridad y un escolta fueron procesados por los delitos de homicidio calificado agravado, lesiones calificadas agravadas, por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Los presidentes municipales involucrados con actos ilícitos no han sido la excepción en pisar la cárcel. El primero fue Felipe ex edil de Tehuacán, detenido el 15 de noviembre de 2019 cuando era presidente en funciones, a pesar de ser del mismo partido que el mandatario estatal.

El morenista fue acusado de enriquecimiento ilegal, uso ilícito de facultades y atribuciones, daño patrimonial, abuso de autoridad y daño al erario. Se encuentra en el penal de Tepexi de Rodríguez.

El 27 de septiembre de 2021, el entonces presidente municipal de Quecholac, Alejandro N., relacionado como hermano de “El Toñín”, un líder huachicolero en esta demarcación, fue detenido por agentes de la FGE.

Su aprehensión fue por abuso de autoridad, ejercicio indebido de funciones públicas y delitos contra el funcionamiento del sistema de Seguridad Pública. Está detenido en el penal de Tepexi de Rodríguez.

Uno de los casos más recientes fue la detención del alcalde de Acatlán, Arturo N., quien fue detenido tras el asesinato de Héctor García Álvarez,

secretario de seguridad de su municipio. El delito por el que fue acusado fue enriquecimiento ilícito, aunque el fiscal Gilberto Higuera Bernal reveló que se investigaba sus vínculos con un grupo criminal que operan en la región.

El último edil detenido fue el presidente municipal de Piaxtla, Miguel Ángel N., detenido el 6 de julio por delitos como encubrimiento, ejercicio indebido de funciones públicas y homicidio, debido al asesinato de Ángel Tigre Aquino, quien murió después de ser detenido por policías municipales el 11 de junio.

Cecilia Monzón era una abogada feminista, dedicada en los últimos años a la violencia vicaria. Eran las 9:50 horas del 21 de mayo de 2022, cuando dos personas la interceptaron en motocicleta. Silvestre N., miró a Cecilia a los ojos y le disparó en seis ocasiones, relató su hermana Helena Monzón.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, Javier N., su ex pareja, ordenó el homicidio de la activista, con quien enfrentaba una pelea jurídica por la pensión alimenticia de su hijo en común de 4 años de edad y una denuncia por violencia familiar.

Cuatro personas implicadas fueron detenidas, el político Javier N., quien aspiró a ser gobernador de Puebla en 2010, su sobrino Jair N., su asistente Santiago y el 30 de julio cayó el sicario Silvestre, responsable de detonar el arma homicida.

En el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, las autoridades penitenciarias y los internos obtenían ganancias hasta 3 millones de pesos a la semana por cuartos privados para encuentros íntimos, restaurantes, farmacias, tiendas de abarrotes, locales de venta de ropa, zapatos y baños, ferretería, cortes de cabello, quioscos y hasta gimnasios.

En julio, la Secretaría de Seguridad Pública destruyó los espacios con maquinaria especializada, luego de que ex titulares de la dependencia mintieron sobre su desinstalación.